El gobierno español aprobará hoy una ley que permitirá desalojar a los inquilinos que no hayan pagado su alquiler en un plazo de diez días después de haber sido denunciados ante la justicia por el propietario. La ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó que esta iniciativa busca simplificar los "procedimientos tediosos" y "dinamizar de forma importante" el mercado inmobiliario. En la misma sintonía, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, pidió a los medios que no se haga hincapié sólo en "la parte del pobre inquilino que no puede pagar". Esta medida se conoce en un año en que los desalojos han alcanzado cifras récord. Sólo en el primer trimestre la justicia ibérica libró 46.559 órdenes de ese tipo, un número que equivale a 517 desalojos por día.

Una vez que el dueño de la propiedad haga la denuncia de que su inquilino está incumpliendo el pago del alquiler, este último tendrá diez días para pagar o presentar ante el juzgado un argumento "contundente" del retraso. De lo contrario, podrá ser echado de su casa ese mismo día por orden de un juez. Esta medida ya se hizo conocida en la prensa española como "desahucio express".

Pastor intentó justificar ayer la decisión del gobierno español amparándose en que, con la normativa vigente, el propietario se ve obligado a acudir a la vía judicial y obtener una sentencia declarativa para que el impago de la renta pudiese dar lugar a un desalojo. Ahora no hará falta esperar tanto. "Además, el inquilino tenía antes la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución", agregó. Con la nueva ley, la persona que adeude el pago del alquiler podrá ser intimada por el juzgado a pagar en un término de diez días "y, si no lo hace, el juez puede dictar la resolución del contrato de forma inmediata, sin más trámites", añadió la funcionaria.

Para Pastor, el "principal" objetivo del anteproyecto de "Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler" es reforzar la seguridad jurídica y mejorar la regulación del procedimiento judicial de desahucio. "La reforma se plantea porque tenemos un mercado de alquiler muy pequeño frente al resto de países de la Unión Europea (UE), pues sólo un 17% de la población tiene vivienda de alquiler, frente al 83% que la tiene en propiedad", indicó la ministra. El anteproyecto también plantea que hay tres millones de viviendas vacías que, según el razonamiento del partido gobernante, podrían ponerse en alquiler de aprobarse un marco jurídico como el planteado.

A pesar del planteo del gobierno hispano, las cifras de los últimos años parecen indicar que el mecanismo judicial para desalojar a los inquilinos ya está bien aceitado. Entre enero y marzo de 2012 ya se ordenó un número de desalojos equivalente al 80% de los ocurridos en todo el año anterior. A la vez, los 58.241 desalojos procesados en 2011 fueron un 22% más que en 2010. «

el corte inglés debe revelar datos de sus clientes

La famosa tienda española El Corte Inglés tendrá que presentar al Ministerio de Hacienda los datos de los clientes que realizaron compras por un valor superior a 30 mil euros anuales, dictaminó ayer la justicia ibérica. El fallo se produjo luego de que el tradicional comercio se negara a cumplir con la entrega de datos solicitados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que pretende investigar si esas personas incurrieron en alguna evasión fiscal. La tradicional empresa aseguró que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.

Los datos solicitados por el Ministerio retroceden hasta 2006 y, según la ONIF, son “trascendentes” para su labor. Asimismo, según rubricó la justicia, la información no viola el derecho a la intimidad ni la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

El Corte Inglés anunció que tiene previsto apelar el fallo. Sin embargo, para que la causa sea revisada, el alto tribunal tendría que variar su doctrina, ya que la Audiencia Nacional basó su sentencia precisamente en la jurisprudencia del Supremo.