Un grupo de más de 50 personas resultó desalojado ayer al mediodía por Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut, a través de una orden de la Justicia Federal. Las familias habitaban hace dos meses en ese predio que la casa de estudios reclama como de su propiedad, mientras que los ocupantes alegaban que pertenece a YPF. Se denunció que mujeres y niños fueron golpeados durante el desalojo.
Sobre las 8:30 de la mañana se hicieron presentes en el lugar efectivos de Gendarmería Nacional y el grupo de Infantería de la Policía de Chubut, el oficial de Justicia Oscar Price y la abogada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Nélida León de Escribano, con el fin de llevar a cabo la orden judicial de desalojo.
Hace dos meses el grupo de 14 familias ocupó ese predio contiguo a la Ciudad Universitaria, que la casa de estudios reclama como propio.
Tras varios minutos de tensión entre los ocupantes y los efectivos de Policía y Gendarmería, se intentó negociar el desalojo con la participación de las abogadas de la Defensa Pública, Patricia Aranda y Norma Bandeo, asesoras de Familia e Incapaces y Especialidad Civil en Nuevos Derechos.
El abogado de los ocupantes, Carlos Relly, y el vocero del grupo, Ezequiel Murphy, también participaron de la reunión que se llevó a cabo por largas horas en una de las construcciones levantadas sobre los terrenos usurpados.
TENSION
Relly argumentó que el desalojo “es una medida que está recurrida, no está firme. Yo fui a hablar con la juez y hay un recuso que no está resuelto. Yo creo que esto fue prematuro. Han obtenido un mandamiento de desalojo. Ellos (la Universidad) dicen que son poseedores y dueños de las calles que son públicas, de este predio y del otro. Esto es un escándalo. La doctora Escribano tiene un mandamiento en la mano que lo quiere llevar a cabo igual, pese que hay niños que no tienen donde dormir. Es una postura muy dura por parte del Rectorado”, cuestionó.
Mientras tanto, la abogada León de Escribano alegó: “hay un expediente y una orden judicial que debe cumplirse” y el oficial de Justicia sostuvo: “yo tengo que cumplir la orden”.
Una vez que los ocupantes debieron salir del predio que está alambrado, Murphy dijo: “se puso fuerza física contra madres, nenes. Muchos momentos de tensión. Estamos esperando al intendente, nos vamos a quedar acá. Hay un juicio de por medio por estas tierras que están en litigio, que pertenecen al barrio 25 de Mayo, que se encuentran dentro del ejido. Vino el desalojo, nosotros nos acercamos a la Universidad hace un mes, el diálogo venía siendo positivo y nos encontramos con este operativo que nosotros entendemos está por fuera de lo que es justicia”, se quejó.
Los ocupantes pretendían que el municipio le cediera otras tierras a la Universidad y que las usurpadas quedaran para los ocupantes. Al cierre de esta edición la Justicia procedía a la numeración de las edificaciones y les colocaba en la entrada una faja para evitar que volvieran a ser ocupadas.
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