Pasaron toda la noche acampando en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Con la luz del día suspendieron su protesta a la espera de una respuesta del Gobierno. Sin obtenerla, volvieron a cortar la calle. Al final llegó la contestación, pero no la que esperaban: 168 efectivos de la Policía Federal y 216 de Gendarmería desalojó a los ex conscriptos que fueron movilizados hacia el sur del país en pleno conflicto de Malvinas en 1982, pero no llegaron a combatir en las islas, que reclamaban ser considerados veteranos de guerra. Luego de los chorros de agua de cinco camiones hidrantes, los gases lacrimógenos y los piedrazos devueltos, todo terminó con 25 manifestantes detenidos, acusados por “atentado y resistencia a la autoridad”; y cuatro policías hospitalizados.

Más tarde, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, minimizó la demanda de los ex conscriptos. “Reclaman un tratamiento especial en virtud de haber sido movilizados al sur con argumentos que le caben a toda la población de la Patagonia”, argumentó la funcionaria, que antes de ocupar su actual cartera, se reunió varias veces con los protestantes cuando comandaba el ministerio de Defensa. Garré contraatacó y los acusó de “recurrir a la extorsión para tratar de lograr los mismos beneficios que la Nación reconoce a quienes combatieron en el Teatro de Operaciones”. Por ley, las pensiones de los veteranos no discriminan a militares de civiles, siempre y cuando hayan estado en la zona de conflicto.

Desde Seguridad argumentaron que el desalojo cumplió una orden judicial, dictada por el Juzgado Correccional a cargo del Raúl García. A través de un comunicado, el ministerio añadió que “la cerrada negativa a dejar paso al tránsito, no dejaron otra alternativa que la intervención policial”. “Les pedimos tres veces que levantaran el corte”, justificaron en una de sus oficinas.

No es la primera vez que los ex conscriptos reclaman en el centro porteño. La última: en mayo del año pasado generaron un caos de tránsito en la 9 de Julio, luego de que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, cerrara la discusión de su reclamo con la frase: “Los únicos que tienen resarcimiento histórico, moral y económico son los que estuvieron combatiendo en Malvinas”.

“Es como que indemnicemos a cada uno que vivió en la Patagonia y sufrió el estrés de la guerra en esa época”, replicaron ayer en despachos oficiales, utilizando el mismo argumento de Garré. Pero los ex conscriptos ganaron una batalla, cuando la Justicia cordobesa habilitó a 32 de ellos a contar con los beneficios de un veterano de guerra. La propia ministra apuntó al dinero de las pensiones como verdadero objetivo y no un supuesto “reconocimiento histórico”. No hay poco en juego: además de otros beneficios, como obra social, el decreto 886 de 2005 creó las “Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico”, que fijó en tres jubilaciones mínimas cada pago mensual a través de la Anses. Hoy suman $4302, que aumentarán en marzo. Además, hay pensiones provinciales y municipales que son complementarias.