Seis familias fueron desalojadas por la policía la tarde del jueves de un grupo de casas que habían usurpado durante la madrugada de ese mismo día. Se trata de unidades habitacionales que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo construye en el nuevo sector del barrio Islas Malvinas, en el oeste de la ciudad de Pinto.

El final del conflicto llegó después de varias horas cargadas de tensión, con la presencia de más de 30 efectivos que custodiaban el vecindario a fin de garantizar el orden y evitar que más personas ocuparan el resto de las casas.

Los primeros en llegar fueron los integrantes de la comisión de servicios del Ipvu y luego de las 16 arribó el juez de Crimen de Añatuya, Dr. Álvaro Mansilla, quien de inmediato entabló diálogo con representantes de tres de las familias que continuaban ocupando las viviendas, ya que las otras abandonaron las casas por voluntad propia antes de que llegara el funcionario.

El Dr. Mansilla dijo que “junto a gente del Ipvu se les explicó (a los vecinos) que esa no es la vía, que (la adjudicación de una casa) no depende de la decisión de un político –como suponían- sino de que ellos cumplan con los requisitos para acceder a la vivienda”.

Además, propuso “que desistan de su postura para que puedan tener luego la oportunidad de acceder a una vivienda y que esto no sea un antecedente para que se les cierre los caminos para ser adjudicatarios”.

También “les expliqué que si no desalojan por su voluntad el Ipvu tiene la facultad de desalojar con ayuda de la fuerza pública”, dijo el magistrado.

Por su parte, las personas que permanecían en las casas manifestaron ante el juez su disconformidad con la forma en que se adjudican las viviendas y que a su criterio “no es justa”.

Luego de las negociaciones con representantes del Instituto de Vivienda, las tres familias abandonaron las viviendas y se reestableció el orden aunque personal policial custodiará el barrio.