Neuquén > En los últimos tres años y medio, el municipio desactivó 266 intentos de ocupación ilegal de tierras. Así lo aseguró Juan German, director de Resguardo Territorial de la comuna. Además, explicó que del total, 210 fueron intervenciones (no se llega a consolidar la usurpación, no se toca el terreno ni se ponen carpas). En tanto, las otras 56 fueron tomas que llegaron a establecerse en el lugar. El 80 por ciento se registró en el Oeste.

"Llegamos antes y conversamos con ellos. Se evita la toma antes que se asiente, por lo que se desactiva en el momento", explicó German sobre el accionar del Municipio. Aclaró que en la totalidad de los casos, en un mismo terreno se repitieron varios intentos de ocupación. También aseguró que se trabajó tanto en tierras municipales, provinciales y en privadas, donde se actuó de oficio.

De las 210 intervenciones que realizó el Municipio, dos se hicieron a través de desalojos ordenados por la Justicia. Se trata de las tomas que se dieron en la zona de la Meseta. "Después quedaron tres tomas que aún continúan en manos de la Justicia y que son terrenos municipales. También una en un espacio privado que está casi desactivada, ya que quedan muy pocos viviendo", describió el director de Resguardo Territorial. Aclaró que los tres predios que quedan están judicializados. Recordó que son la de Godoy y Primero de Mayo, Racedo y el canal aluvional, avenida el Trabajador y Balbín. Pese a que no existe un estudio formal realizado a nivel nacional, se estima que la ciudad está primera en cantidad de ocupación ilegal de tierras.

Según los números que maneja la Municipalidad, se calcula que 6.500 personas participaron de los intentos de usurpación. “Sólo el 30 por ciento realmente lo necesitaba. Cuando comenzamos con las entrevistas y las encuestas para ver las urgencias, nos encontramos con gente que ya tenía su casa o su lote o que ya estaba anotada en los registros", dijo el director municipal.

También relató que cuando hacían los relevamientos se detectó en diversas ocasiones gente que estaba en cinco tomas distintas. "Esto nos demuestra que son personas que no lo necesitan, pero que se estaban aprovechando de aquellos que sí lo requieren. Siempre tenemos los pícaros de turno, que aprovechan la circunstancia y después sabemos cuál es el negocio", agregó German.

Prevención

German estuvo al frente de todas las negociaciones en los últimos 42 meses de la gestión del intendente Martín Farizano. Aseguró que antes todos los intentos de toma se terminaban consolidando, pero afirma que ahora la diferencia es que el personal que actúa en los intentos de usurpación fue capacitada y se trabaja en conjunto con la Policía provincial. “Hacen una prevención constante. Son los que encargan de custodiar las tierras que corren riesgos”, explicó. "Todas las intervenciones que tuvimos se desarrollaron sin problemas y con un alta profesionalidad. No fue necesario tirar ni un gas lacrimógeno, ni un tiro al aire. Son acuerdos sin violencia. El poder negociar, el habernos capacitado y la prevención fueron elementos fundamentales. Es clave estar en el momento y no llegar cuando ya estuvieron cinco máquinas que trabajaron emparejando todo el terreno. Es un trabajo en conjunto con el municipio y con Policía, se ha formado un equipo de trabajo muy coordinado, y por eso son los resultados que tenemos", indicó.

Opinión

Un síntoma

Por HUMBERTO ZAMBÓN (*)

El fenómeno de las tomas de tierra no es más que un síntoma. Es una consecuencia directa de la falta de solución a uno de los principales problemas que aqueja a nuestro país y, en particular, a nuestra provincia. El tema es urgente y muy grave porque está afectando a uno de los derechos sociales básicos: el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una vivienda digna.

Durante años, el gobierno provincial se caracterizó por un plan de construcción de viviendas sociales, imprescindible para una región de muy rápido crecimiento poblacional, tanto por la migración continua como por la alta tasa de crecimiento vegetativo debido a su juventud. Por ejemplo, en los 86-90 se entregó un promedio anual de 5,7 viviendas sociales cada mil habitantes; esto significa que cada año recibía casa aproximadamente el 2% del total de las familias radicadas en Neuquén. A partir de los ’90, con el neoliberalismo como pensamiento único, el Estado dejó prácticamente de construir y a lo sumo destinó recursos al crédito, lo que dejó fuera de la solución habitacional a una gran proporción de la población.

La consecuencia es el déficit actual de viviendas, que ha sido estimado en 40.000 unidades, la mitad de ellas en la ciudad capital. Por lo menos el 50% de ese déficit es de viviendas sociales. Mientras tanto hubo un importante crecimiento edilicio pero fundamentalmente con fines de negocio inmobiliario o de renta, por lo que no están al alcance de gran parte de la población.

(*) Economista, profesor consulto de la UNCo.

Opinión

Políticas regionales

Por ATILIO SGUAZZINI (*)

Analizando el crecimiento demográfico de la ciudad, la provincia y la nación, se puede concluir que la participación del conglomerado Neuquén-Plottier-Centenario en los últimos 20 años tiene una misma participación en la composición provincial (54%), en una provincia que crece en un porcentaje superior al de la nación. Pero la política habitacional no acompañó este crecimiento.

La crisis habitacional de los últimos diez años se debe a la falta de articulación de las políticas locales, provinciales y nacionales. Lo que surge como primera cuestión es que los problemas de la región repercuten en la ciudad. Sin embargo, sólo hubo políticas individuales.

El municipio de la ciudad ha tenido políticas erráticas en ese sentido, con suerte diversa. Debe destacarse el proceso del Foro de la Meseta como buen ejemplo de construcción de urbanidad inclusiva. Pero su desarrollo se debe más a la voluntad de las organizaciones participantes, a la Universidad y a un grupo de técnicos municipales, que a la implementación de una política de estado apoyada por el Ejecutivo.

Si uno analiza la composición de las población de las tomas, puede observarse que en los últimos tiempos se trata de “hijos de vecinos de Neuquén”, más que familias que migraron a la ciudad. Además, cuando se analizan los momentos en que se desarrollan “las tomas” se encuentra que el mayor número coincide con los procesos electorales, particularmente con cambios de gestión. Neuquén tiene el agregado que cada dos años elige concejales. Nadie desea vivir en una casilla o en una carpa. Hay diversas cuestiones que impulsan a los procesos de ocupación. Por eso hay que trabajar sobre alternativas que se puedan generar soluciones reales.

(*) Vicedecano de Ciencias del Ambiente y la Salud de la UNCo. Profesor de la cátedra de Saneamiento IV (Vivienda y el hábitat).

Opinión

Mercantilizar un derecho

Por MARIANA GIARETTO (*)

Sin lugar a dudas, las tomas de tierras implican un conflicto sociopolítico en el que los sectores populares interpelan al Estado. Esto sucede porque la vivienda es un derecho social que ha sido mercantilizado, es decir, quien no posee dinero no accede al espacio urbano, por lo tanto, debe buscar mecanismos de autourbanización que le permitan satisfacer la necesidad material de contar con un lugar para vivir.

Los altos precios de la tierra urbana y de los costos de construcción generan una crisis en el horizonte de expectativas de las clases trabajadoras, porque la proporcionalidad entre sus salarios y dichos costos convierte el derecho a la vivienda y a la ciudad en mercancías imposibles de alcanzar.

Frente a la mercantilización de los derechos sociales y los conflictos que emergen ante su privación, el Estado deviene en el principal interlocutor, a quién se interpela y quién debe amortiguar las tensiones entre la concentración y especulación de tierras por parte de ciertos sectores privilegiados y la desposesión generalizada.

En todo Estado capitalista, las respuestas a las tomas de tierras son respuestas que tienden a dispersar el conflicto y no a superarlo. Cuando se habla de intentos de tomas y de su desactivación, se torna explícito que las tomas de tierras se han convertido en una manifestación de las luchas de clases y, por lo tanto, en arena de capitalización política. Lo que no se problematiza es que detrás de cada toma hay necesidades materiales insatisfechas y la imposibilidad de proyección más allá del día a día. Desactivando tomas, el Estado dispersa el conflicto político pero no da solución al conflicto económico-social.

De allí que sea necesario revisar críticamente las políticas urbanas y rescatar las prácticas sociales participativas que permitan incidir en la construcción de una ciudad incluyente, democrática e igualitaria.

(*) Socióloga de la Universidad Nacional del Comahue.