Las fricciones que el gobierno de Cristina está teniendo con los jueces del máximo Tribunal de Justicia son ya frecuentes, así como lo son las presiones directas que se ejercen desde el poder para torcer sus decisiones.

El caso Peralta es un ejemplo de ello. Es en Santa Cruz donde se sintetiza esa conducta que expresa con claridad el concepto de legalidad del kirchnerismo.

Aníbal Fernández, un ministro que increíblemente ocupó la cartera de Justicia, sigue diciendo que la orden de reponer al procurador Eduardo Sosa es impracticable; que esa cuestión es resorte de la administración provincial y debe resolverse en el terreno de la política. De hecho, Sosa viene reclamando desde hace quince años ser repuesto en su cargo. En ese tiempo, Néstor Kirchner era gobernador y no aceptó ningún escrutinio de sus actos por parte del funcionario. El método para sacárselo de encima fue disolver el cargo que tenía Sosa. Este inició un largo pleito que llegó a la Corte. Finalmente se ordenó su reposición. Peralta ha desacatado varias veces cumplir el fallo con promesas que no ha cumplido o podido cumplir porque Kirchner, desde Olivos, no lo ha autorizado.

Cuando la Corte fue renovada por el propio Kirchner hubo una gran mayoría de expresiones de satisfacción de la sociedad. Devolver la autonomía con jueces que asumieran ese rol institucional fue una de las medidas de mayor impacto institucional.

Sus fallos deben ser acatados. La democracia necesita de actos confirmatorios: este es uno de ellos. Y no es un acto menor.