Vivir seguro en la Ciu­dad se ha convertido en algo cada vez más difícil. Un conjunto de falencias estatales y particulares pone en riesgo la vida de los ciu­dadanos porteños. El Estado inten­ta delegar responsabilidades sin hacerse cargo de que los controles que realiza son insuficientes y la metodo­logía sólo obstaculiza los sistemas de prevención.

El derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza que dejó tres perso­nas muertas y once heridos y puso en el tapete de la discusión cuál es la responsabilidad del Gobier­no porteño y cuál la de las empre­sas constructoras, algunas de las cuales, si trabajan con libre albe­drío y sin controles efec­tivos, suelen evitar pasos de seguridad importantes por el solo hecho de aho­rrar tiempo y dinero. La responsabilidad del Estado no ter­mina en el control de las construc­ciones, además hay que sumarle la verificación de los ascensores y habilitaciones de lugares públi­cos (boliches bailables, restauran­tes y estadios, entre otros). Horas después de ocurrida la tragedia en Villa Urquiza, la oposición rea­lizó varios pedidos de informes al jefe de Gobierno, Mauricio Ma­cri, para que dé explicaciones so­bre los métodos de fiscalización de obras. El legislador porteño de Encuentro Para la Victoria Juan Cabandié justificó la preocupa­ción del bloque asegurando que "el crecimiento interanual acumu lado por dicho sector (la construc­ción) entre 2002 y 2007 fue del 364 por ciento. Si bien esta ten­dencia se moderó desde princi­pios de 2008, sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía porteña".

Fuentes allegadas a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) aseguraron que el sistema de con­trol está reformulado para "poner trabas permanentemente". "Du­rante la gestión de Diego Borda trabajábamos en equipos de con­trol previsional. Salíamos a la ca­lle para trabajar en la prevención. Ahora sólo atienden los reclamos de los vecinos, si no reciben de­nuncias no actúan", explicó.

Según marca el Código de Edificación porteño, no es obliga­torio para la empresa constructo­ra avisar cuando se va comenzar a construir, momento que incluye la excavación. "Lo más normal es que los arquitectos llamen avisan­do el día que van a comenzar a excavar, pero si no lo hacen no es­tán incumpliendo con la ley", ase­guró el vocero de la AGC, Eduar­do Hulton. Algo que implica que si los constructores no avisan, sólo el azar haría que en el mismo momento que empieza la excava­ción llegue un inspector.

Los pedidos de autorizaciones se dividen en dos etapas: autoriza­ción de demolición y de construc­ción. Puede darse que estas etapas se realicen por sociedades diferen­tes y esto complica los controles. El sistema de regulación y fiscaliza­ción que se utiliza en la Ciudad es el mismo que se modificó en 2002. "Trabajamos para no ir detrás de la coyuntura, por eso hemos san­cionado el plan urbano ambiental, para pensar y organizar la ciudad en la que queremos vivir. Nues­tra intención es sancionar un nue­vo código urbanístico", afirmó la presidenta de la Comisión de Pla­neamiento Urbano de la Legisla­tura porteña, Silvina Pedreira. Los datos oficiales de la Dirección Ge­neral de Estadística y Censos de la Ciudad muestran un incremento de las edificaciones. En octubre de 2009 se otorgaron 103 permisos para construir multiviviendas (edi­ficios de departamentos), 72 por ciento más que en enero del mis­mo año, donde sólo se entregaron 60 permisos. En el mismo mes se adjudicaron 80 permisos para uni­viviendas.

Villa Urquiza es uno de los lu­gares preferidos para las

construc­toras, ya que los valores promedio por metro cuadrado de las vivien­das pasaron de 700, en 2002, a mil dólares en 2010. Algo similar sucedió con los barrios de Caba­llito y Palermo, en los cuales tam­bién estalló el auge inmobiliario. Esto causó la reacción de los ve­cinos que vieron afectada su tran­quilidad y el desajuste en la línea arquitectónica de sus barrios, ade­más de los problemas de abasteci­miento de agua potable.

La AGC tiene 800 inspectores para llevar a cabo las inspecciones, 190 de los cuales están abocados a la fiscalización de las 3.800 nuevas obras que se están desarrollando en lo que va de 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Estos fiscalizado­res cuentan con poder policial que les permite clausurar una construc­ción que no cumple con las medi­das de seguridad o que no respeta los planos aprobados.

Además de los inspectores de planta, la AGC cuenta con peritos verificadores. Éstos son "personal independiente" empleados a tra­vés de contratos de adhesión (no están en relación de dependencia), quienes no tienen poder de policía como los inspectores. Los verifica­dores son profesionales indepen­dientes que deben cumplir con una serie de condiciones que permiten la claridad en las inspecciones. Los períodos de control se dividen en cuatro etapas, en cada una de las cuales no puede intervenir el mis­mo verificador. De esta manera se evitan los arreglos económicos en­tre el inspeccionado y el personal de inspección. Los peritos son sortea­dos por el Estado para verificar un hecho puntual. Son llamados men­sualmente, se les indica qué deben verificar y realizan su labor. Actúan en todos los ámbitos de inspección que son responsabilidad del Go­bierno de la Ciudad. La presidenta de la Agrupación de Peritos Verifi­cadores, Eva Rodríguez, con los que trabaja la AGC aseguró: "El Gobier­no porteño redujo nuestras presta­ciones porque encontramos dema­siadas complicaciones en las obras, y porque apuestan al desgaste para deshacerse de nosotros". El vocero del ente de control, Hulton, explicó que "la menor demanda se debe a que hubo incorporación de nue­vos inspectores", lo que agrandó la planta estable estatal. La presi­denta de los verificadores denunció que en septiembre de 2008 pre­sentaron pedidos de reunión con Mauricio Macri. "Hace poco logra­mos reunirnos con el director gene­ral de la AGC, Raúl Oscar Ríos, pero como sus facultades tenían limita­ciones nos mandó a hablar con el jefe de Gabinete, Horacio Rodrí­guez Larreta", explicó Rodríguez, y agregó: "Tras varios llamados nos dijeron que teníamos que notifi­carnos por e-mail. El 4 de junio nos notificamos y no tuvimos respues­ta. Volvimos a hacerlo el 8 de ju­nio y Larreta respondió que no po­día atendernos porque tenía ‘cosas más importantes'".

El problema no es sólo la in­suficiencia en los controles de los emprendimientos inmobiliarios ya en marcha, también se pone en discusión las formas, que permi­ten habilitar empresas fantasmas. La responsable de las excavacio­nes que causaron el derrumbe de las dos plantas del gimnasio ubi­cado en Mendoza 5030, en el ba­rrio porteño de Villa Urquiza, es Desarrolladora Mendoza SA. La empresa creada por el ingenie­ro Guillermo Hecaya Varela tie­ne como domicilio fiscal la misma dirección del terreno donde iba a construir el edificio de once pisos. No posee oficinas ni patrimonio para responder ante tal tragedia, ya que las sociedades anónimas sólo responden con el capital de la misma.

Otro ente encargado de los controles es la Dirección Gene­ral de Fiscalización y Control de Obras, dirigida por José Báez. Ésta depende de la AGC, y ambas obedecen al Ministerio de Jus­ticia y Seguridad porteño, a car­go del ministro Guillermo Monte­negro. No es la primera vez que Báez y Macri trabajan juntos, am­bos comparten, junto a Jorge "Fino" Palacios antecedentes la­borales en Boca. Durante la pre­sidencia de Macri en el club, Pa­lacios y Báez ejercían funciones de seguridad. También el titular de la AGC, Raúl Ríos, fue vocal de la comisión directiva en Boca. El ex bombero de la Federal, Báez, también fue titular de agencias de seguridad privadas: GB Securi­ty SRL y FB Seguridad SRL, ambas dedicadas especializadas a catás­trofes. Las denuncias que realizó la Unión Obrera de la Construc­ción por falta de apuntalamien­to en la obra de Villa Urquiza des­embocaron en tres inspecciones enviadas por la AGC, los días 28 y 31 de junio y 7 de agosto. Las tres veces que se presentaron los inspectores, la obra estaba cerra­da sin personal. El Gobierno de la Ciudad envió las intimaciones co­rrespondientes y explicó que no la clausuraron porque "las veces que fueron no encontraron a na­die en el lugar".