Uno de los albañiles que trabajaba en la construcción de los diez departamentos que el jueves pasado colapsaron sobre el local de la Cooperativa Obrera, causando la muerte de siete personas, aseguró que el día del derrumbe habían taladrado las paredes de una construcción ubicada en el techo del supermercado.

Así se desprende de la declaración testimonial que ayer tomaron los fiscales al trabajador de la construcción, a la que se sumaron otros relatos desgarradores como los del carnicero y el del efectivo policial que realizaba adicionales en la puerta del supermercado.

Ayer, mientras en el local de Godoy y Ortega y Gasset se culminó con la remoción de escombros, los avances judiciales fueron pocos y se espera que hoy recién se incorporen los primeros informes para avanzar hacia una calificación legal del hecho.

Entre estos informes que se sumarían hoy se destacan uno que elaborará Bomberos de la policía acerca del derrumbe, otro del cuerpo médico forense y otro del Colegio de Arquitectos de Neuquén acerca de si tenían conocimiento o no de la obra que allí se levantaba.

El relato del joven albañil coincidió con el de una docente de la EPET 5 quien aseguró que horas antes del colapso del techo oyó ruidos como de un taladro. De hecho el albañil explicó que lo que ese mismo día se hizo, hasta al menos de dos horas antes, fue abrir huecos en una vieja construcción que estaba sobre el techo, debajo de los tanques de agua, para luego colocar allí ventanas.

Según fuentes con acceso a la causa, entre las más de quince declaraciones testimoniales tomadas por la Justicia, dos se destacaron ayer por ser relatos desgarradores de la desesperación vivida en los primeros minutos.

Uno de estos relatos fue el del custodio policial del edificio, quien ayudó a salir a varios sobrevivientes, y otro fue el carnicero del supermercado quien logró salvar su vida gracias a que el mostrador en el que trabajaba impidió que una losa cayera sobre él.

El jefe de fiscales, José Ignacio Gerez, aseguró ayer que también declaró el empleado municipal Martín Baraona, a cargo de la tramitación de la moratoria para regularización de construcciones. "Nos explicó que una vez iniciada la gestión y abonado el sellado que hay que pagar se les da 180 días de plazo para que presenten los planos de la construcción en cuestión", dijo Gerez.

Hasta el momento no se ha formulado ninguna imputación concreta. Los que están en la mira de los investigadores son el empresario Néstor Guerrero, el arquitecto Alberto Diez y el capataz de la obra, cuyo nombre no trascendió.