Ocurrió en plena presen­tación en el salón Eva Perón, de la Legislatura porteña. Daniel Chaín, ministro de Planeamiento Urbano, se quedó mudo. Junto con funcio­narios de su Ministerio había ido a explicar a los legisladores cómo fue posible que una obra habilita­da hubiera provocado el acciden­te de Villa Urquiza. Los diputados le preguntaron por un hombre: el otro Heyaca, Norberto Emilio, tam­bién ingeniero (como el hasta aho­ra único supuesto responsable de la tragedia, Guillermo Heyaca Va­rela). El Heyaca de apellido simple es funcionario porteño; más preci­samente, su cargo es el de direc­tor general de Proyectos de Siste­mas de Información, de la Agencia de Sistemas de que depende del jefe de Gabinete, Ho­racio Rodríguez Larreta. Aparen­temente, Chaín no lo sabía. Pero a algunos legisladores les llamó la atención la coincidencia de ape­llidos, de repente, los Heyaca co­menzaban a aflorar.

En la Legislatura empiezan a sospechar que Heyaca Varela es un hombre protegido y lo fundamen­tan en el trato de privilegio que recibió cuando por un incumpli­miento que merecía una pena de 2 a 4 años de inhabilitación recibió una pena de seis meses, acortada a tres. Aún no se sabe si los inge­nieros son parientes, pero com­parten más cosas: ambos trabajan en la Universidad Tecnológica Na­cional. Los dos integran el consejo asesor del departamento de Cien­cias Básicas. Algunos diputados quieren ver a dónde los conduce el ovillo que comienzan a desma­dejar. "Prudencia" es la palabra que más repiten los bloques de la Coalición Cívica, de la UCR, del pe­ronismo y del so­cialismo, ya que ni siquiera es­tán termi­nadas las pericias que se llevan adelante para determinar las causas del derrumbe del edifi­cio por el que murieron tres per­sonas. Coinciden en que existe un vacío normativo respecto de la inspección en momentos previos a que una constructora pone el piso del edificio: esto es, cuando de­muele y excava. No está previsto, legalmente, que haya controles en este período.

Pero también saben que hay una responsabilidad en la Ciu­dad, que tiene el poder de poli­cía y debería ejercer más control. Ante la explosión de construccio­nes que se viene registrando des­de hace dos años, también surgen interrogantes más serios: "¿Cómo es posible semejante boom inmo­biliario, con una construcción des­medida, frente a una demanda que no acompaña?". El fantasma del lavado de dinero ronda la res­puesta al interrogante.

Pero además, los legislado­res quieren ver la relación entre el Ministerio que conduce Chaín, responsable de aprobar los pla­nos y habilitar las obras, y el de Montenegro, a car­go de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), una especie de mega­ministerio, con 120 millones de pesos de presupuesto (similar al del Mi­nisterio de Desarrollo Económico) y 2.000 empleados, cinco direc­ciones generales, 23 direccio­nes simples, y que concentra el 70 por ciento del poder de po­licía de toda la Ciudad. En este caso específico, sin embargo, el poder de la AGCse ve recortado ya que, según afirmó a este dia­rio un funcionario conocedor del tema, "si desde Planeamiento Ur­bano, o más precisamente, desde la 1Dirección General de Infraes­tructura y Catastro (Dgroc) no le pasan el expedien­te de una obra, la AGCno puede ins­peccionarla".

En buen ro­mance: la ventani­lla sigue siendo la misma, aunque el macrismo, con el argumento de la transparen­cia, haya desdoblado a la antigua agencia que se ocupaba de la ha­bilitación y del control (ver nota principal). "Los inspectores de la AGCni siquiera ven el expediente de la obra", afirma la fuente.