La Legislatura de la Ciudad sancionó una ley que tiene por objeto indemnizar a las personas que sufrieron la destrucción de sus viviendas y objetos personales a raíz del derrumbe ocurrido en el inmueble ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1232 de esta ciudad el 4 de noviembre pasado. La norma, aprobada por los 57 diputados y diputadas presentes, fue producto de un trabajo que los vecinos damnificados y diputados realizaron para arribar, entre las propuestas presentadas, a una solución satisfactoria para los primeros.

Así, la Legislatura declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1232, "con destino a la realización de acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños".

En tanto, los propietarios de las unidades funcionales del inmueble recibirán la diferencia entre el monto que cada unidad funcional tenía al 3 de noviembre de 2011, la que quedó establecida en 1.750 dólares por metro cuadrado, y la suma en concepto de indemnización por la expropiación. A este dinero se sumarán 50.000 pesos para el caso de aquellos propietarios que ocupaban su unidad funcional al 3 de noviembre de 2011 más la suma de $20.000 para aquellos que no puedan recuperar sus bienes muebles de sus respectivas viviendas. Igual subsidio se les otorgará a los ocupantes legítimos que no sean propietarios, más "el monto del último canon de mayor cuantía abonado por algún locatario del inmueble en cuestión al día 3 de noviembre de 2011 por seis".

Para hacer frente a estos gastos más los que resulten de las operaciones inmobiliarias y de escrituración que se realicen que estarán a cargo de la Ciudad, la Legislatura creó un Fondo especial por un monto de 20.500.000 pesos.

Otro de los artículos aprobados establece que "el Poder Ejecutivo se subrogará los derechos que surjan de las acciones por daños y perjuicios que correspondieren a los beneficiarios de esta ley contra el responsable de los hechos acaecidos, cuyos rubros indemnizatorios sean satisfechos mediante el pago de la indemnización expropiación y los subsidios mencionados". En tanto que el acceso a los beneficios de esta ley por parte de los damnificados implicará su renuncia a las acciones civiles contra la ciudad de Buenos Aires, en relación a los derechos que se están indemnizando.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Álvaro González (PRO), al presentar la propuesta destacó "la actitud de los vecinos y la voluntad de todos los bloques políticos que sin distinción han aportado alguna de las soluciones que hoy se encuentran plasmadas en el despacho en tratamiento".

"Para que aquellos que hoy tienen la angustia de no tener su vivienda, a partir de la sanción de esta ley tengan la absoluta tranquilidad que van a volver a tener lo que les era propio", afirmó.

Además explicó que "se ha tenido en cuenta el valor estimado por metro cuadrado en la zona, 6 meses de alquiler para los que son inquilinos, una solución para el encargado del edificio y la eximición de gastos de escrituración porque van a ser resueltas a través de la escribanía general de la ciudad", y agregó que lo que se pone a consideración es "un despacho muy trabajado, estudiado y consensuado no sólo con las fuerzas políticas sino también con los vecinos"

Al respecto el diputado Rubén Campos (UCR9, quien junto a su compañero de bloque Claudio Presman presentaron una propuesta en este sentido, dijo: "Estamos satisfechos con el proyecto consensuado porque pudimos encontrar una solución a la dramática situación de estos vecinos".

Asimismo, Presman manifestó: "El objetivo de todos y de nuestra propuesta es que los damnificados puedan resolver lo antes posible su situación habitacional de manera definitiva y en las mismas condiciones que disponían antes del derrumbe que fue producto de la falta de controles y connivencia del ejecutivo con las constructoras".

Por su parte, el diputado Martín Hourest (GEN) celebró la sanción de la norma pero como nada es perfecto aclaró que "el fondo de esta catástrofe que son 20.5 millones de pesos no puede ser casi el mismo que el crédito disponible para vivienda en toda la Ciudad que en el 2010 fue de 23.7 millones, obviamente anuales".

"No puede ser que un edificio equivalga al crédito total que hay para vivienda en la ciudad de Buenos Aires en un año entero o a uno de cada cuatro pesos que se gasta para tal fin en el año", dijo Hourest.

"La gestión macrista deberá de asumir y tratar de una buena vez por todas el compromiso, o la falta del mismo, que tiene para con vivienda en lo que el presupuesto anual se refiere", culminó Hourest.