Mientras las multas viales se actualizan año a año por la Ley Impositiva, que define el monto de las unidades fijas en las que se calculan las penas, los valores de las sanciones por derrochar agua sólo se "pusieron al día" tres veces desde que el régimen se instauró, en 2003. 

El Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), que es el encargado, entre otras cosas, de establecer los precios de las multas, manifestó a Diario UNO que no tiene intenciones de actualizar los montos por ahora. 

El telón que aparece de fondo es la noticia de que Mendoza seguirá en crisis hídrica por sexto año consecutivo durante el 2017.

"Cada modificación realizada al sistema se fundamenta en informes técnicos y económicos de los especialistas del ente regulador y se evalúan sugerencias o pedidos de los operadores, que son los únicos encargados de aplicarlas", explicaron desde el EPAS.

Los operadores como AYSAM o los municipios de Maipú, Luján de Cuyo y Tupungato son los encargados de aplicar las multas a los clientes que incumplen las reglamentaciones. Pero esas multas, por ejemplo en AYSAM, se basan en las resoluciones del EPAS.

Actualmente las penas se aplican por faltas vinculadas a restricciones y prohibiciones. Si el cliente incumple un uso que está restringido, como regar entre las 8 y las 22, la sanción es de $220 la primera vez. Si incumple algo que está prohibido, como regar una calle pavimentada, la sanción es de $440 la primera vez. 

En ambos casos, en la reincidencia se duplica el monto de la multa y a las siguientes se vuelven a duplicar respecto al valor de la segunda vez. Cada un año se vence ese plazo y vuelve a comenzar. 

Por ejemplo: si un vecino regó una calle no pavimentada entre las 8 y las 22, algo restringido, la multa que le aplica el inspector de AYSAM es de $220. Si lo vuelve a hacer es de $440 y si lo vuelve hacer una o diez veces más en el plazo de un año la pena es de $880. 

"Las multas son necesarias, pero pasa por una cuestión cultural. Por eso hay que enfocarse en las campañas de concientización", dijo Mario Draque, titular del EPAS.

A propósito, desde el ente regulador dijeron que están trabajando en una campaña para concientizar sobre el uso del agua. 

Prestadores 

El EPAS no sanciona a los clientes sino a los operadores cuando dejan de prestar un servicio, porque su tarea es garantizar "la continuidad del servicio y la calidad del agua", explicó Draque. 

AYSAM, que existe como tal desde 2010, es el operador más grande de la provincia: nuclea el 70% de las cuentas que abastecen a los domicilios de Mendoza. 

Sin embargo, sólo el 7,5% de las 338.000 cuentas que tienen se cobran por medidor. La gran mayoría de las facturas se hacen en función de la superficie del domicilio. 

El obstáculo para universalizar las cuentas con medidores es el costo del mismo. 

De acuerdo con datos oficiales, el medidor cuesta $697,21 con IVA, o sea unos U$S45. Pero el resto del trabajo puede incrementar el monto a U$S100. Con lo cual AYSAM debería invertir U$S35 millones para cubrir todo el sistema con medidores. 

El operador que conduce el demócrata Richard Battagion cuenta con 80 inspectores activos para controlar el derroche: 40 en el Gran Mendoza y 40 en el interior.

En los primeros 10 días de octubre colocaron poco más de 200 multas.