La Municipalidad Luján sigue ofreciendo días de furia y todo gracias a la basura departamental. Los concejales de la UCR y el PD sumaron fuerzas y derogaron la ordenanza en la que se declaraba la emergencia en servicios públicos en esa comuna.

El motivo: las supuestas irregularidades que señalan los ediles opositores en la contratación del servicio de recolección de residuos.

A tal punto están disconformes que amenazan con denunciar a las autoridades ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, por violar las leyes de contabilidad, de procedimiento administrativo y orgánica de municipalidades.

En realidad, hablar de contratación para los radicales y los demócratas es un eufemismo, dado que el propio secretario de Hacienda de la comuna, Mario Granado, dijo que no hay documento alguno firmado por el intendente Carlos López Puelles y las tres empresas que recolectan residuos.

Éste no es un tema nuevo sino que es un eslabón más de una cadena de acontecimientos que vienen conmocionando el clima político de ese departamento. Al inicio de la gestión López Puelles, se tercerizó el servicio de recolección de residuos en cuatro distritos: Carrodilla, Chacras de Coria, Ciudad y Drummond. Todo esto, por un total de 1,2 millón de pesos mensuales.

Al viejo cuestionamiento acerca de que las empresas dedicadas a estas labores fueron contratadas sin licitación, hace una semana se le sumó la denuncia de los demócratas de que hay facturación melliza.

El lunes, en un nuevo round, el hombre encargado de los números del departamento se presentó en el Concejo Deliberante para responder las preguntas de los ediles. La sesión terminó con la derogación de la declaración de Emergencia que permitía a Granado y López Puelles contratar sin los límites que impone la ley de Contabilidad de la provincia.

El problema es que los concejales advirtieron, además, que las empresas Santa Elena, Casa Grande y Cohen llegaron a recolectar residuos o a alquilar camiones sin licitación (cuestión que no sería un inconveniente, teniendo en cuenta la declaración de emergencia); además, los montos con los que una de esas firmas (Santa Elena) se alza y el hecho de que no hay una relación formalmente constituida entre las empresas y el municipio, debido a la ausencia de contrato.

El secretario de Hacienda explicó que esta situación sin obligaciones contractuales fue deliberada, para tener agilidad de maniobras. "No íbamos a hacer un contrato porque no sabíamos cuántos camiones y por cuántas horas los necesitábamos", justificó Granado.

El otro tema que alertó a los opositores fue la modalidad de pago acordada con Santa Elena. En los otros dos casos se dispuso un monto por hora de camión (con chofer y combustible) pero Santa Elena recibe un canon fijo muy elevado: "Entre las empresas mencionadas se encuentra la firma Santa Elena que mantiene una vinculación informal con el municipio por el cual se le abona un canon mensual fijo de $ 750.000, independientemente de la cantidad de camiones y personal que aporte al servicio, por lo que es lo mismo que utilicen 1 ó 10 camiones".

Desde la comuna, la versión es otra: "En el caso de Santa Elena, tenemos camiones volcadores y maquinaria con personal todos los días. Tienen obligación de una frecuencia diaria por la zona y dos veces por semana deben recolectar verdes. Sin contar que, en caso de emergencias, deben colaborar para resolver los problemas, como un Zonda, por ejemplo", argumentó Granado.

Para dejar aclarado, los "verdes" a los que se refiere el secretario de Hacienda son los residuos por corte de césped, hojas y ramas que los vecinos depositan en las banquinas y son muy comunes en este departamento, poblado de barrios con lotes grandes y cuidados jardines.

Al término de la exposición de Granado, el Concejo Deliberante se enfrascó en la discusión por derogar la declaración de emergencia. Finalmente, tres votos del PD más cuatro radicales impusieron la voluntad sobre los cuatro votos del oficialismo.