En la apertura de las sesiones legislativas del año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer, entre una batería de anuncios, lo que ya era una sentencia en el mercado. El Gobierno impulsó oficialmente un proyecto de ley que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la Ley de Convertibilidad y que ayudaría, entre otros objetivos, a allanar el camino para utilizar más reservas de la entidad monetaria. “Es para ponerle fin a la convertibilidad”, aseguró en su discurso la jefa de Estado ante un Congreso expectante.

En concreto, según pudo saber El Cronista, la reforma propone, a través de 23 artículos, cambios e introducciones de normas, entre los que se plantea la modificación de 18 artículos de la Carta Orgánica y 2 artículos de la Ley de Convertibilidad para cerrar de ese modo un ciclo que se inició hace 10 años con el corralito. Entre los puntos más sobresalientes se destaca la derogación del artículo de la Ley 23.928 que establece la necesidad de mantener una relación de respaldo entre la base monetaria y la cantidad de reservas internacionales que nació en el “1 a 1”. Es precisamente esa relación la que hoy impone un límite al BCRA para ceder reservas al Tesoro. Y es que sólo el excedente de ese respaldo es el que va a parar al polémico fondo de reservas de libre disponibilidad que a partir del 2010 comenzó a utilizarse para pagar las obligaciones del Gobierno –y que su puesta en marcha valió la salida de Martín Redrado al frente del Central–. Desde entonces hasta el momento fueron utilizados u$s 11.900 millones con esa finalidad (u$s 4.400 millones en el 2010 y u$s 7.500 millones en 2011).

El nuevo paraguas legal abriría la posibilidad de ampliar la cantidad de dólares que el Gobierno puede tomar del BCRA para cancelar capital e intereses de sus bonos. El proyecto plantea que sea ahora el Directorio del Central el que defina el nivel de reservas para garantizar el normal funcionamiento del mercado cambiario y la estabilidad de la moneda tomando en consideración las cuentas externas. Una vez fijado ese horizonte, el resto de las reservas puede ir destinado al único objetivo, pero sin ningún otro límite, a pagar los bonos públicos.

Pero aún no está definido el criterio con que el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont precisará ese nivel, ni la periodicidad con la cual lo establecerá. Desde la entidad monetaria se advirtió, sin embargo, que “se está trabajando en ello y que se conocerá una vez que se apruebe el proyecto”. Aunque se aclaró que no se modifica el artículo 6 de la ley de Convertibilidad que ordena que sólo se podrán usar las reservas para pagar deuda pública. Esto despeja las especulaciones sobre la utilización de estos dólares por parte del Estado como caja para otras finalidades. Es decir, desalienta hipótesis como su uso para nacionalizar empresas (ayer circulaban versiones que podrían utilizarse para comprar acciones de YPF) pero no descarta que se puedan utilizar para pagar la deuda con el Club de París, por ejemplo, que abriría a su vez paso a un posible financiamiento externo del país.

El proyecto llega en un momento clave pero también límite.