La idea de derogar el Impuesto al Cheque entró en debate del oficialismo a partir de la discusión instalada en el Congreso por parte de la oposición para lograr redistribuir esos ingresos dando mayor porcentaje a las provincias. Pero, a pocas horas de blanquearse la intención oficial, el proyecto ya divide aguas y cosechó las primeras críticas. Para el legislador mendocino Ernesto Sanz (UCR), no se entiende cuál es la intención del Gobierno nacional, porque, por un lado, pretende culpar a la oposición del ajuste que esto generará y, por otro, pretende dejar sin efecto el impuesto por el cual hoy le ingresan 24 mil millones de pesos, de los cuales 470 llegan a Mendoza.

Para el diputado K Jorge Alvaro, la eliminación del tributo -creado en el 2000 por Domingo Cavallo para ser usado por 180 días y que lleva 10 años- es una discusión que debe comenzar de manera urgente y para eso hay que analizar variables en Ganancias.

Por otra parte, Sanz no considera viable la propuesta de Celso Jaque porque entiende que la motorización del consumo que se generaría -tal como lo expresa el proyecto del gobernador- se daría en un país ideal, así desconoce que la derogación de este polémico impuesto creado en tiempos de crisis genere mayor recaudación por Ganancias o IVA. Sin embargo, Alvaro está convencido de que hay que analizar una aplicación progresiva del impuesto, es decir, establecer parámetros para que los que más ganan sean gravados con mayor porcentaje. Y, en este sentido, argumentó con un ejemplo: "Yo tengo una pyme que no factura más de 70 mil pesos mensuales y estoy pagando 1.000 por el Impuesto al Cheque, esto es la mitad del sueldo de un trabajador".

Sanz dialogó con El Sol en Capital Federal y aseguró desconocer la hipótesis que se maneja por estas horas de que se estaría pensando en crear un nuevo gravamen para remplazarlo. Los rumores indican, de hecho Jaque es uno de los que lo impulsaría, que se podría establecer un impuesto sobre la renta extraordinaria. Así, el proyecto que se está gestando a nivel local prevé que actividades que obtengan una renta inesperada, ya sea por estacionalidad o por condiciones favorables del mercado, puedan ser gravadas con este nuevo tributo. Mientras, para Alvaro, en lugar de crear otro impuesto, hay que buscar la forma de financiar este agujero fiscal que generaría la derogación del tributo al cheque y en este punto cree que sería conveniente analizar el uso de reservas. "Las reservas del Central son para ser usadas en tiempos de crisis y estoy de acuerdo con que se eche mano a ellas, siempre que nos sea para gastos corrientes", sostuvo.

Sanz cree que las declaraciones de la presidenta del lunes, que fueron reveladas por el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, son un atajo para desviar la atención de los gobernadores. "Al margen de que se pueda discutir una nueva Ley de Coparticipación, esto puede durar entre dos y tres años, pero nadie se pregunta mientras tanto qué hacen las provincias que hoy muestran ahogos financieros muy graves", soltó el mendocino a una semana de que el Congreso vuelva a tratar la modificación a la polémica norma que hoy da 15 por ciento a las provincias mientras que el 85 por ciento restante queda en manos de la Nación.

El legislador radical cree que la discusión por una nueva Ley de Coparticipación es viable y, de hecho, necesaria porque lleva un atraso de 16 años y, en esas casi dos décadas, las provincias sólo fueron perdiendo posibilidades de obtener recursos, pero entiende que no hay demasiado margen para negociar "cuando ni siquiera quieren garantizarle a las provincias el 34 por ciento que les corresponde".

Al respecto, Alvaro opinó que en la discusión por una nueva ley hay provincias que van a tener que ceder y es en este punto en el que hay que centrar la discusión. Esto es porque las más chicas podrían perder recursos. Ante esto, Jaque plantea la posibilidad de crear una especie de fondo que garantice un piso a las provincias, esto serviría para que no pierdan en la distribución y esto trabe la discusión política. Lo que el gobernador plantea es una especie de fondo solidario federal que podría obtenerse de la mayor recaudación, similar al anticíclico pero diferente porque se usaría para ir corrigiendo las inequidades que hoy muestran las diferentes jurisdicciones y, además, que sea de manejo federal.