La ley de ejecución penal 24.660 permite que las personas condenadas a pena de prisión accedan a un régimen de salidas transitorias o de traslados, para favorecer su reinserción social. Pero esa ley no admite en modo alguno, por ejemplo, que un condenado por homicidio y violación a 18 años de cárcel pueda acceder a salidas a los 15 días de la sentencia.

La ley establece expresamente que aquellos beneficios se obtienen en forma progresiva, luego de demostrar buena conducta, transcurrir cierto tiempo en prisión y de un régimen de prueba.

"Las salidas transitorias pueden otorgarse después de la mitad del cumplimiento de la pena", explicó Eugenio Zaffaroni. Nadie puede imaginar que el juez de la Corte más cercano al Gobierno y más favorable a la reforma constitucional sea cómplice de una revelación que hizo el diario Clarín.

El ministro de Justicia, Julio Alak, encargado de defender las salidas de los presos, siguió el libreto oficial: dijo que hay una "campaña" mediática y que el fin es resocializar a los presos. Previsible.

La revelación periodística puso sobre el tapete un tema bien real, pero difícil de justificar. Y, por otra parte, si bien es cierto que la Constitución exige resocializar a los presos, en ningún lugar exige que haya que tratar a los condenados por delitos graves como miembros de un spa.

De todos modos, hay jueces que interpretan la ley en un modo muy flexible y favorable a los detenidos. Por eso, debatir si esta interpretación es correcta puede llevar a una discusión bizantina.

En rigor, el problema tiene aspectos más profundos:

Si el tema resulta irritante para la sociedad, es porque se vincula con un gravísimo problema de inseguridad que atraviesa el país.

La política criminal del Gobierno no es una política penitenciaria y parece apuntar a reducir al mínimo la función de las prisiones. El problema, sin embargo, es que el Gobierno nunca estableció claramente cuál es su política criminal, ni la debatió en el Congreso ni, mucho menos, puede ser el director del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, el que maneje a su arbitrio un tema tan delicado.

¿Qué mensaje reciben las víctimas o sus familiares cuando ven que el asesino o el violador apenas unos días después de la condena a 10 o 15 años de cárcel comienza a salir de la cárcel? Posiblemente vivan intranquilos o se sientan burlados.

Pero hay otros dos asuntos que son aún mucho más delicados.

Primero: ¿que garantías existen de que todos los presos pueden acceder igualitariamente a estos beneficios? Si se otorgan a algunos presos esos beneficios y se excluye otros, se está creando una fuente para realizar prácticas corruptas. ¿Qué seguridad podría tener la población de que los servicios de los presos no son usados, extramuros, con fines inconfesables?

Y segundo. La práctica oficial de llevar a los presos a actos político-culturales parece encubrir cierta kirchnerización y politización de las prisiones y del sistema penal.

Imponer una ideología está muy lejos de significar una resocialización..