El Colegio de Abogados y ANDHES pidieron al Rectorado una salida, por considerar que se trata de una discriminación violatoria de la Constitución.

Aunque suene a paradoja o contradicción, el título de esta nota desnuda otra de las escandalosas realidades que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde se conculcan los derechos constitucionales de los propios profesionales del Derecho.

Un grupo de abogados matriculados egresados de la casa de Juan B. Terán, encabezados por los doctores Marcelo Medrano y Natalia Velásquez, acudieron a EL SIGLO para poner en conocimiento de la opinión pública la grave discriminación de la que son víctimas.

En este sentido, informaron que desde hace años a los profesionales recibidos en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales (abogados, procuradores y notarios), que hacen el curso de Capacitación Pedagógica que dicta la UNT, con el fin de poder enseñar en el ámbito superior materias afines a su profesión, son privados de un título de profesores, a diferencia del resto de los egresados de otras carreras que participan del mismo.

En síntesis, señalaron que mientras que los graduados de las facultades de Artes Plásticas, Bioquímica Química y Farmacia, Ciencias Económicas, Filosofía, Geografía, Francés, Letras e Inglés, al terminar dicho curso, de dos años de duración, reciben un título, a ellos se les entrega simplemente un certificado de capacitación.

"Mientras que el papel que a nosotros, los abogados, nos entregan significa apenas dos puntos a la hora del empadronamiento en la Junta de Clasificación, mientras que el resto de los profesionales, que cursan exactamente las mismas materias que nosotros, reciben un título con una validez de 22 puntos. Con esa hoja que nos dan, no podemos enseñar en ningún lado, menos en la UNT".

Discriminación

Medrano agregó que "esta situación totalmente discriminatoria, que atenta contra el principio de igualdad de oportunidades plasmado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derecho a los que adhirió nuestro país, se viene aplicando desde hace décadas, cuando fue creado el curso de Capacitación Pedagógica para profesionales universitarios que deseen enseñar en la UNT".

A su turno, Velásquez indicó que, además de no recibir un título de Profesores en Ciencias Jurídicas al finalizar el cursado, los abogados, a diferencia del resto de los profesionales con los que comparten la capacitación, que se dicta en la facultad de Filosofía y Letras, "no tienen libreta universitaria, no son cubiertos por el seguro médico y ni siquiera pueden inscribirse a través de Internet para el cursado".

Medrano explicó que, "para la totalidad de los profesionales, incluidos los abogados, el curso contempla el dictado de las materias: Didáctica y Currículo y Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje, en primer año; y Organización de la Enseñanza Media y Práctica de la Enseñanza, en segundo año" A continuación, aclaró que, salvo los egresados de Derecho, el resto de los profesionales también son capacitados en las materias de Problemática Social y Educativa e Instituciones Educativas. "Como no se nos permite cursar esas dos materias, porque es necesario que sean dictadas por un docente abogado, y no por dos historiadoras, como sucede actualmente, no se nos da el título profesional de profesor universitario de la especialidad, es decir como profesor de Ciencias Jurídicas", precisó.

Por este motivo, indicaron los letrados, desde hace cuatro años vienen reclamando que se apruebe el dictado de una carrera de capacitación docente específicamente destinada a profesionales del Derecho, que implicaría el nombramiento de un docente, proveniente de esa área profesional, para el dictado de las dos materias en cuestión.

Los planteos, conforme a documentación exhibida a nuestro diario que así lo acreditan, fueron elevados hace dos años, tanto a la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Judith Casali de Babot, como al rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola.

Además, la situación fue denunciada ante el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación y la xenofobia (INADI), el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), la organización Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derecho Social de la CTA-Tucumán.

Estas tres últimas instituciones se hicieron eco del reclamo y enviaron sendas notas al Rectorado, acreditando que la discriminación de la que son víctimas los profesionales de Derecho va a contrapelo de lo que disponen la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Además, el titular del CAT, Eudoro Aráoz, acompañó a los profesionales con su reclamo en una reunión con el propio Cerisola en abril de 2011, "donde el rector se comprometió-indicaron- a resolver este tema a la brevedad, señalando que ni bien la Facultad de Filosofía y Letras apruebe el dictado de la carrera para abogados, se designaría al docente que hace falta". "Sin embargo, ya pasó casi un año y, pese al compromiso asumido, todavía no tenemos novedades. Esto es grave porque estamos hablando de una práctica discriminatoria perversa e inconstitucional", se lamentó Medrano.

Planteos insitucionales

"Como organización de Derechos Humanos, entendemos que existe una situación discriminatoria y por lo tanto de vulneración de derechos respecto de los graduados de las carreras de Abogacía, Procuración y Notariado que cursan la Capacitación Pedagógica sin poder acceder, por medio de la misma, a un título docente", expresó ANDHES en las notas remitidas a Casali de Babot y a Cerisola.

El organismo también advirtió que "dicha situación es manifiesta toda vez que los graduados universitarios de las mencionadas carreras, aún habiendo completado el trayecto de Capacitación Pedagógica, sólo pueden inscribirse en la Junta de Clasificaciones con título habilitante, razón por la cual se encuentran en inferioridad de condiciones para acceder a cargos por esa vía, respecto de otros graduados universitarios, así como de graduados de profesorados de la educación superior no universitaria".

Finalmente, desde ANDHES, en la nota, fechada el 23 de junio de 2011, con la firma de su titular, Josefina Doz Costa, solicitaron al Rectorado que "arbitre los medios correspondientes para la pronta aprobación del plan de estudios propuesto para la creación de la Carrera de Profesorado en Ciencias Jurídicas, presentado por la entonces directora del Departamento de Formación Docente, Carolina Abdala, en noviembre de 2008".

Por su parte, el CAT, mediante una nota rubricada por Eudoro Aráoz, que fue recibida en el Rectorado el 27 de mayo de 2011, advirtió que, tras evaluar las denuncias, llegó a la conclusión de que "la situación actual compromete la dignidad de los abogados de Tucumán, porque es violatoria de la igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución Nacional". El presidente del colegio profesional agregó que esta situación también viola "los artículos 1, 3 y 4 de la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)".

Asimismo, Aráoz recordó que "el sistema actual está en contra del Art. 4 de la Ley Nacional de Educación Superior, porque no asegura la igualdad de oportunidades y es incompatible con el proceso de democratización".

"Pongo en su conocimiento que una nota de este mismo tenor ha sido dirigida a la Facultad de Filosofía y Letras, solicitando la aprobación de la carrera del Profesorado en Ciencias Jurídicas, lo que implicaría solucionar la problemática", concluyó el presidente del CAT en la misiva enviada a Cerisola.