DERECHOS HUMANOS NO INTERVENDRÁ POR LOS CESANTEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Un nuevo capitulo sumó el conflicto que se desató en el Ministerio Público tras la decisión de dejar cesantes a 12 abogados que prestaban servicio en calidad de contratados y mantener a varios empleados en esa situación.
En este caso el Ministerio de Derechos Humanos se declaró incompetente para intervenir, tal como lo había hecho la cartera de Trabajo semanas atrás.

Este comunicado llegó a partir del pedido que le hizo al organismo encabezado por Maria Pace, la defensora oficial 4, Natalia Buira, para que se involucre en el tema, al considerar que el trabajo es un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional.

Además Buira señalaba en los argumentos que los contratados “se desempeñan en condiciones de precariedad y son víctimas de explotación”.

Sin embargo en una nota dirigida a la defensora, Pace indicó que lo solicitado por Buira al Ministerio excede las competencias de dicho organismo, tal como lo indica la Ley 7694, que enumera cuales son las facultades de esa cartera.

Ahora queda pendiente la respuesta del Ministerio de Justicia, en donde Buira también realizó una presentación y por el momento no hubo una contestación al respecto.

Solidaridad de planta

Los que también tomaron partido en este conflicto fue un grupo de trabajadores de planta permanente, que se encargó de repartir volantes con un comunicado en el cual se solidarizan con la situación de los empleados contratados y reniegan de la pasividad de los gremios, ya que consideran que no tomaron medidas para impedir esta precarización laboral.

Según estos empleados solidarios, solo la planta administrativa de contratados dentro del Ministerio Público asciende a 182 personas, sin contar a los abogados que también están en esa condición.

"Vergüenza debiera darnos compartir los días al lado de quienes se encuentran en desventaja, ya que no se les computa antigüedad, son exigidos siempre a prestar servicio en todas las Ferias Judiciales, sin compensaciones, ni pagos", denuncian en el volante.

Además agregan que "cuando por razones particulares deben faltar, están obligados a devolver cada jornada, pagan en Rentas de la provincia el sellado de sus contratos, lo que les permite pertenecer a esta subclase de empleados, donde son tratados como ciudadanos de segunda clase".

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