El decano y el vicedecano de la facultad aplicaron las tres exoneraciones y dos cesantías que recomendó el instructor. Las autoridades postergaron el dictado del acto administrativo respecto de cuatro agentes con pedido de apercibimiento.
En el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los cinco no docentes mencionados, el decano José Luis Vázquez y el vicedecano Miguel Eduardo Marcotullio se atuvieron al dictamen -no vinculante- de Ricardo Bascary, director de Sumarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT e instructor de la investigación ordenada por Cerisola a comienzos de 2007 (en paralelo, la Justicia Federal inició una pesquisa para determinar las eventuales responsabilidades penales). Es decir, dispusieron la exoneración de Agüero, Jiménez y Soria, y la cesantía de Cardozo Ibáñez y de Navarro.
En cuanto a los cuatro no docentes con pedido de apercibimiento (Marcela Lobo, María Inés Hillen, Ernesto Wilde Quesada y Roberto Anselmo Suárez), las autoridades de Derecho decidieron postergar el dictado de los respectivos actos administrativos hasta tanto los Tribunales resuelvan la situación procesal de estos empleados.
Las resoluciones del Decanato de Derecho en todos los casos fueron también rubricadas por Fernando Valdez y Jorge Antonio Agüero, respectivos secretario de Gestión Institucional y titular interino de la Dirección General Administrativa de esa unidad académica. Los actos a los que tuvo acceso LA GACETA ya habían sido notificados a sus interesados con intervención de un escribano público. A partir de la comunicación de las resoluciones, los no docentes disponen de un plazo de 10 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración ante las autoridades que dictaron el acto o de 15 días hábiles para plantear un recurso jerárquico ante el superior. Es decir, en el ámbito del Rectorado de la UNT.
Los actos no quedarán firmes hasta tanto exista posibilidad de recurrirlos. Agotada la vía administrativa, los no docentes afectados por las exoneraciones y las cesantías pueden aún discutir esas sanciones en sede judicial, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La judicialización de las resoluciones no tiene efecto suspensivo -esto es, los no docentes están obligados a acatarlas-, a menos que el tribunal conceda medidas cautelares que paralicen el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades de Derecho.
El más voluminoso
El llamado escándalo de las notas truchas o apócrifas se remonta a una consulta al sistema informático practicada hace cinco años. Dicho informe arrojó un listado de abundantes anomalías en el registro de calificaciones. Con posterioridad, Bascary y Sergio E. Ponce, secretario ad hoc de la instrucción del sumario, desarrollaron la tarea investigativa minuciosa y colosal que permitió vincular las dos centenas de enmiendas irregulares detectadas en el sistema con una serie de adulteraciones en las actas de exámenes y, en última instancia, con la emisión de diplomas de abogado, escribano y procurador.
Esa investigación casi artesanal en el ámbito de la Administración concluyó formalmente el 20 de octubre de 2011, cuando Bascary y Ponce elevaron el expediente al secretario de Política Administrativa y Gestión de la UNT, Luis Sacca (tres días más tarde, este funcionario sería elegido diputado nacional tucumano por la UCR). "Elevar" es sólo un eufemismo técnico: para entonces, el sumario constaba de 18 cuerpos, 104 actuaciones individuales y 11.377 fojas.
Nadie recordaba haber visto un expediente tan voluminoso en el contexto del ejercicio de la potestad disciplinaria de la UNT. Tras analizar miles de pruebas (testimonios, pericias, el relevamiento encargado a la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, etcétera) y elaborar dos informes aprobados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (órgano dependiente de la Procuración General de la Nación), los instructores concluyeron que en Derecho se montó un mecanismo para modificar irregularmente notas y adulterar actas de exámenes, en algunos casos y, según los testimonios de 13 alumnos arrepentidos, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los $ 50 y los $ 600.
Saneamiento
"Había que calar hasta el hueso", reflexionó Cerisola el año pasado, en la época en que quedó habilitado para decidir el destino del centenar de estudiantes implicados en el escándalo. En noviembre, Vázquez evaluó: "en cualquier sociedad, sin importar el ámbito, siempre hay que esperar que haya conductas no valiosas (...). Lo importante es qué respuesta se les da. Una opción podría haber sido esconder el asunto bajo la alfombra, con lo cual se hubiesen naturalizado las prácticas perniciosas. En la disyuntiva, recurrimos a los mecanismos existentes para que el propio sistema sanee la Facultad". Y Marcotullio añadió: "si la Facultad de Derecho no se apega a la ley y los procedimientos que esta establece, ¿qué estamos enseñando?".
Los actos administrativos que ordenan las exoneraciones y cesantías reflejan una preocupación puntillosa por justificar normativamente la facultad del Decanato para sancionar a sus agentes. Todas las resoluciones consignan que la falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del empleado, sea intencional o culposa, que acarree una violación de las prohibiciones, incumplimiento de las obligaciones o deberes, o ejecución de actividades incompatibles con la dignidad que exige el ejercicio de la función pública.
En el caso de Agüero, la resolución considera que, por la naturaleza del cargo que ocupaba (director del Registro de Alumnos) no pudo desconocer la gravedad de las faltas cometidas: "ante las casi 200 irregularidades realizadas con su clave personal de acceso al sistema, Agüero no aportó elementos probatorios eficaces para demostrar que no le eran atribuibles las cargas y modificaciones de notas".
Respecto de Jiménez, las autoridades concluyeron que su accionar afectó seriamente el prestigio de la institución. En el acto correspondiente a Soria, los firmantes subrayaron que este fue cesanteado por exceso de inasistencias injustificadas estando pendiente la instrucción del sumario por las calificaciones apócrifas. Vázquez y Marcotullio manifestaron que Cardozo Ibáñez, que se desempeñaba como jefa de Actas, acreditó tener pleno conocimiento de todas y cada una de las irregularidades advertidas en la confección de las actas. Y que Navarro fue el autor de enmiendas de notas que no coinciden con las actas de exámenes. Según la resolución en cuestión, cinco de las notas irregulares que este no docente dio de alta benefician a tres alumnos a los que, en su conjunto, se le atribuyen 30 materias cargadas o modificadas anómalamente en la base de datos de la Facultad.
La historia en cuatro tiempos
1- A comienzos de 2007, las actuales autoridades de Derecho revelaron el hallazgo de anomalías en el registro de notas.
2- De inmediato, el rector Juan Alberto Cerisola dispuso la instrucción de un sumario en el ámbito administrativo.
3- En octubre, el instructor Ricardo Bascary elevó el dictamen que aconsejó sanciones para casi 100 alumnos y 9 no docentes.
4- En diciembre, Cerisola anunció la expulsión de los estudiantes. Este mes, Derecho sancionó a cinco de sus agentes.
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