Aseguró que los más humildes son los más vulnerables a las detenciones. “El derecho contravencional es el que más vulnera los derechos constitucionales de los imputados”, dijo.

En el marco de la detención del fotógrafo de La Voz del Chaco, Sergio Valenzuela, por parte de agentes del Servicio de Emergencias 911, despertó una polémica acerca de la instrucción que reciben o no la fuerza policial, para conocer de qué manera pueden llevar a cabo una detención o la forma en que utilizan e interpretan el Código de Faltas. De hecho, el fotógrafo fue detenido en un confuso procedimiento policial, y recibió agresiones por parte de los agentes del Servicio de Emergencias.

En este contexto, la jueza de Faltas de Barranqueras y especialista en derecho contravencional, doctora Sandra Saidman, fue categórica en sus declaraciones acerca del accionar de la Policía o del sistema 911 y de la manera errónea en que hacen uso del Código de Faltas.

“El derecho contravencional es el que más se utiliza en todo nuestro país y sin embargo es el derecho y su utilización por parte de las fuerzas policiales que más vulnera los derechos constitucionales de los imputados”, aseguró en diálogo con radio Libertad. En este sentido y de acuerdo a los casos en los que debe intervenir en Barranqueras, dijo que es impresionante la cantidad de detenciones que agentes del 911 realizan, conforme a la violación del Código. Entre ellos, nombró los dos artículos más utilizados: el 41 “de negación de datos de identidad o informe e informes falsos legales”, o artículo 56 “perturbaciones y desórdenes”.

“Va la policía, ve un sujeto que le resulta sospechoso y lo escriben como tal, que para ellos la palabra es absolutamente impertinente, porque lo que es sospechoso para usted no lo es para mí”, expuso, y cuestionó que “es decir, que se priva a la persona de su derecho a la libertad, uno de los derechos constitucionales más fundamentales”.

Se contravencionaliza al humilde

“Se contravencionaliza al humilde, al vulnerable”, aseguró Saidman. En este sentido dijo que con los más de 10 años que tiene como jueza de Faltas en Barranqueras, lo que le permitió haber visto pasar a muchos comisarios, conoce que los operativos que se realizan, se confunden en la forma que intentan prevenir el delito.

“El comisario sale los viernes a la noche, hago una recorrida por mi jurisdicción, se levanta a los posibles malvivientes y los tiene hasta el domingo a la noche, son tres días, con esto estamos hablando de una forma de trabajo completamente anticonstitucional y que vulnera los derechos humanos y constitucionales de la persona”, explicó, y rechazó, “el derecho contravencional no puede ser utilizado para prevenir el delito”.

En este punto, dijo que generalmente lo más grave es que la detención por este tipo de contravenciones puede llegar a una demora en cualquier comisaría, entre 24 a 72 horas. “La detención preventiva únicamente debe estar fundada en que la persona no tenga domicilio fijo o su libertad condicione una investigación, pero uno va a las comisarías y se encuentra con que de 10 detenidos, 7 son los están por contravención y 3 por delitos”, precisó.

Asimismo, indicó que si se hace un mapa de las detenciones en el Gran Resistencia, se advierte sin lugar a dudas, que los detenidos son chicos con “pinta de pobres”. Es decir, que para la jueza es un hecho, que “se contravencionaliza al humilde, que es el más vulnerable”.

Modificaciones urgentes

Saidman recordó que existen proyectos de suma importancia que hacen al mejoramiento del accionar de la fuerza policial, pero que aún duermen en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Uno de ellos es en relación a dos temas fundamentales como: sacar sanidad policial, es decir, que el examen médico de las personas detenidas no siga haciéndose en condiciones de tanta precariedad, y que el juzgamiento de los policías tampoco puede seguir haciéndose dentro de la misma policía.

En el primer caso, recordó que según la Ley 4625, inmediatamente detenida la persona, ellos deben llevarla a la División de Sanidad, pero los médicos no están, cuya realidad ella mismo lo verificó y lo padeció.

“Los informes médicos, los jueces no los tenemos a disposición, es decir, que yo juez tengo que esperar para disponer de la libertad de una persona que el médico de sanidad se digne a ir a firmar el informe, que lo hizo un empleado sin ningún tipo de elemento”, criticó, y afirmó que “los médicos raramente están y los informes no se les entrega al personal que detiene a la persona en forma inmediata”.

En cuanto a juzgamiento del accionar policial dijo que la cuestión fundamental es que quien juzga el acto administrativo o la comisión de una falta o delito por parte del personal policial es el órgano de control interno, que depende directamente del jefe de Policía, lo cual marcaría que no existiría cierta objetividad a la hora del juzgamiento.

“Es como que entre gitanos nos andemos adivinando la suerte”, graficó.