Las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no son ajenas a la reacción natural del "buen padre de familia" -el ciudadano común- que se horroriza ante la idea de que haya existido un mecanismo para hacer trampa (para transgredir las reglas de juego) en la institución pública llamada a formar a los profesionales que hacen la ley, la aplican, la estudian y exigen su cumplimiento en los tribunales.

Aquel escenario reñido con la ética y el principio lógico de la no contradicción existió, según los instructores del sumario administrativo ordenado por el rector Juan Alberto Cerisola a instancias de la denuncia que el decano José Luis Vázquez y el vicedecano Miguel Eduardo Marcotullio presentaron en febrero de 2007, a casi nueve meses de asumir la conducción de la Facultad.

Existió, pero no puede ser todo lo que exista, de acuerdo con el criterio de Vázquez: "en cualquier sociedad, sin importar el ámbito considerado, siempre hay que esperar que haya conductas disvaliosas. La importancia no está tanto en la existencia de esas conductas porque estas son tan naturales que hasta las leyes prevén cómo abordarlas. Lo importante es qué respuesta se les da. Una opción podría haber sido esconder el asunto bajo la alfombra, con lo cual se hubiesen naturalizado las prácticas perniciosas. En la disyuntiva, recurrimos a los mecanismos existentes para que el propio sistema sanee la Facultad".

Sentado a su izquierda, en una silla de la mesa de reuniones del decanato, Marcotullio asiente. Ambos están convencidos de que pasó lo que debía pasar a posteriori del desagradable descubrimiento de cambios de notas en el sistema informático. "Frente a esa situación, tomamos la decisión que correspondía como abogados, funcionarios públicos y ciudadanos de bien", evalúan en presencia de LA GACETA, un día después de la difusión del listado de no docentes y alumnos investigados; del dictamen no vinculante que aconseja exonerar, cesantear, apercibir y expulsar a más de una centena de sumariados y de la elevación del expediente a las autoridades de la UNT para que estas dicten el acto (apliquen o no las sanciones) que cierra el caso en sede administrativa.

"Si la Facultad de Derecho no se apega a la ley y los procedimientos que esta establece, ¿qué estamos enseñando?", interroga retóricamente el vicedecano.

Ni contentos ni felices

La pesquisa fue dolorosa y sigue siéndolo incluso en el presente, cuando sólo falta el dictamen jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNT para que Cerisola, en el caso de los estudiantes, y Vázquez, respecto del personal, definan la suerte de los sumariados (en paralelo, el Juzgado Federal Nº2 instruye una causa penal que ya tiene 34 procesados).

"Nadie puede sentirse contento ni feliz con estos hechos. Creo que ha sido una crisis de crecimiento y que sí podemos estar satisfechos porque los mecanismos institucionales han funcionado. El caso no ha quedado en el olvido. Es un procedimiento lento que está llegando a su fin. Más allá de las situaciones de angustia que hemos tenido que soportar durante estos años, nos gratifica la oportunidad de demostrar a la sociedad que hay sectores que actúan como se espera de ellos. Y cuando digo esto no me refiero a las sanciones, un tema sobre el que no puedo opinar, sino a que se han encarado con seriedad todos los pasos necesarios para esclarecer lo ocurrido", postula el decano con un dejo de orgullo.

Un gran mal rato, un temible estrés y una tensión ambiental que se podía cortar con tijera. Todo esto hubo -según la memoria afilada de Marcotullio- en las 24 horas que siguieron a la lectura del informe que daba cuenta de las modificaciones anómalas de calificaciones. "En otras unidades académicas a lo mejor ocurren cosas similares... un ejemplo de ello es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo... Nosotros nos topamos con el escándalo a poco de inaugurarnos en la gestión: de pronto tuvimos que dedicar casi los dos primeros años a resolver este asunto", precisa el vicedecano.

El comentario de uno da pie a la reflexión del otro (la dupla Vázquez-Marcotullio llegó a la conducción de Derecho en mayo de 2006 y obtuvo la reelección el año pasado). El decano traga saliva y reconoce que, en definitiva, hubo un relajamiento en la Facultad (al mismo diagnóstico llegaron los instructores del sumario administrativo, según el informe preliminar de marzo de 2009): "quizá coadyuvó la sensación de impunidad acompañada por el silencio de quienes en algún momento tuvieron la responsabilidad de conducir la unidad académica... Ninguna facultad está exenta de estos problemas".

La aparición de anomalías en la registración de calificaciones en Arquitectura y en Derecho -la investigación llevada adelante en esta casa concluyó que, en algunos casos, las enmiendas respondían al pago de un precio- obligan a un replanteo del esquema de control, según el punto de vista de Vázquez. "Somos medio anacrónicos si seguimos creyendo que la firma basta y sobra (para dar legitimidad a un documento oficial). Hoy disponemos de recursos tecnológicos que permiten, por ejemplo, condensar en un chip todo el historial académico de un estudiante", propone.

Mucho han aprendido durante la investigación. Y muchos han sido los cambios propiciados. Marcotullio asegura que Derecho no es la misma facultad de 2007: "era nuestro deber recuperar la credibilidad de la institución. El caso de alguna manera nos expuso como una casa formadora donde ocurrían cosas extrañas o indebidas. Creo que hoy hemos revertido ese concepto".

El caso -dicen- ayudó a tomar conciencia tanto en el estamento de los no docentes como en el de los profesores. "Ya nadie recibe un acta que no esté perfectamente confeccionada. Nosotros hemos tomado los recaudos para reducir los riesgos. Hoy cualquier certificación de estudios no sólo pasa por los canales normales, sino que hay toda una estructura denominada Unidad de Fiscalización que hace un segundo y último chequeo", ejemplifica el decano.

La enumeración de las transformaciones promovidas prosigue con la política de regularización de los cargos docentes (las autoridades calculan que hay más de 300 procesos en trámite y una centena ya han sido concluidos); de organización de un esquema para el ingreso a la docencia; de remodelación del nivel administrativo; de jerarquización del Consejo Directivo y de refacción edilicia, cuyo emblema es la recuperación de la majestuosa vivienda Remis.

Vázquez habla de un esfuerzo tremebundo del conjunto de la comunidad educativa. De una férrea vocación de servicio. Del nacimiento de una nueva cultura de gestión universitaria. Y de un objetivo matriz: reencauzar a la Facultad en el sendero que esta jamás debió abandonar.