"Los fondos existentes en depósitos judiciales, son dinero de los ciudadanos, de los particulares, de la gente: no son de los abogados". En estos términos, el legislador Carlos Canevaro defendió su proyecto para modificar el destino de los fondos depositados en cuentas judiciales y cuestionó los argumentos de los colegios de abogados de la capital y del sur para oponerse a su iniciativa.

Sintéticamente, la Ley 6.059 determina en la actualidad que, una vez cumplidos tres años sin movimiento, las cuentas intervenidas por la Justicia sean administradas por la Caja para su financiamiento, que podrá depositarlas en plazo fijo y gozar de los intereses hasta el dictado de una sentencia que defina el destino del dinero. La iniciativa impulsada por el alperovichista acoplado mediante Unión Norte Grande propicia, en cambio, que el Banco del Tucumán maneje los depósitos durante cinco años, y que luego pasen a la Corte para que ella se beneficie con el usufructo de esa plata.

"Hoy, el usufructo del dinero de los ciudadanos no vuelve a ellos sino que pasa a la Caja de Previsión de Abogados, y hay que precisar que no pueden tener un destino previsional, porque este se otorga en proporción a los años y los aportes de cada jubilado. Es decir, hoy son volcados en mejoras sólo para los afiliados de la caja, es decir, para los abogados. La propuesta que democráticamente volvió a estudio en comisión por pedido de las entidades colegiadas, prevé que la Corte aplique tales fondos para el mejoramiento de la administración de justicia. Servicio que, por cierto, se encuentra declarado en emergencia por las propias entidades que ahora impugnan esta propuesta", planteó Canevaro. El parlamentario también negó terminantemente que el proyecto haya provenido de la Corte. (Ver "Los colegios...").

"En una cultura democrática deben maximizarse alternativas de cooperación o de resolución de los actuales conflictos que jaquean a la Justicia, instrumentando medidas en diversos sentidos. En especial, en lo económico. Hay que garantizar el efectivo cumplimiento de las directivas de nuestra Constitución, en el sentido de afianzar la Justicia para todos y no para un reducido grupo de personas. Para ello, no hay mejor distribución de la riqueza que la infraestructura", aseveró.