Claudio Espinosa, el agente fiscal de Santa Cruz nombrado por Kirchner, acusó a la Corte de crear inseguridad jurídica (ver La cúpula radical fue a Santa Cruz y la recibieron con pintadas hostiles). Todo un sofisma: Espinosa le achaca al Tribunal lo que él y el gobierno están generando al negarse a acatar el fallo que ordena reincorporar a Eduardo Sosa, el procurador provincial que Kirchner echó en 1995.

Si hay algo que provoca inseguridad jurídica es que no se cumpla la ley ni se respeten los fallos. Y eso es precisamente lo que está haciendo el kirchnerismo. La sublevación llega al punto de que ayer el gobernador Peralta afirmó que jamás repondrá a Sosa y que planea denunciar a la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se sabe: en el mundo K los derechos humanos dan para todo.

La artimaña para no reponer a Sosa es que su sucesor, Espinosa, tiene “inmovilidad”. La artimaña para echarlo fue eliminar su cargo. Para Sosa no hubo inmovilidad pese a que la tenía. Allí arranca la historia del copamiento de la justicia provincial: con una ley impulsada por Zannini que entonces manejaba la legislatura. Por esa ley se echó a Sosa y se aumentó el número de jueces del Tribunal Superior para que tuviera mayoría kirchnerista. La ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1998.

Años después, a Sosa le ofrecieron más de un millón de pesos para renunciar al reclamo. No lo aceptó y siguió adelante con su demanda. Hoy en Santa Cruz hay 28 jueces y de ellos 27 fueron nombrados en la era K. Qué duda hay: éste es el modelo de justicia que se quiere para la Nación.