En ese marco y pese a que la norma fue rechazada por el bederismo y el lunismo, que abandonaron la sesión, el quintelismo contó con el respaldo del radicalismo para lograr imponerla en el recinto. Ahora, el gobierno local iría a la justicia para declararla inconstitucional.

El Concejo Deliberante de la Capital sancionó este martes, con el voto positivo de ocho ediles, la ordenanza que declara al municipio capitalino como “zona no nuclear, no tóxica y ambientalmente sustentable”.

La norma contempla principios para resguardar al municipio “de eventuales peligros ambientales ocasionados por las actividades de cateo, exploración y explotación minera de uranio, plutonio u otros minerales peligrosos, y pone principal énfasis en el resguardo del agua, prohibiendo su uso en procesos mineros y todas aquellas acciones que pongan en riesgo la calidad y cantidad del agua tanto de superficie como subterránea”.

Asímismo, “prohíbe la instalación, operación y funcionamiento de laboratorios y plantas de enriquecimiento de minerales como el uranio y el plutonio en todo el ámbito de la Capital, al igual que la instalación de centrales nucleares”.

La intención de la ordenanza es bloquear el proyecto de instalación de una planta de almacenamiento de uranio en la zona de El Cantadero, y la radicación de la empresa Dioxitec en Talamuyuna, con el mismo fin, propiciado por la Comisión Nacional de Energía Atómico (CNEA) y el gobierno local.

En tanto, el artículo 5° de la ordenanza declara “zona no nuclear a todo el ámbito jurisdiccional del territorio del Departamento Capital de La Rioja” y declara a la ordenanza de interés público municipal “a fin de que se de conocimiento general de su contenido y fundamentos a través de los medios de comunicación local y en las escuelas municipales de acuerdo a la Ley Nacional de Medios Audiovisuales”.

La norma contó con el respaldo del edil radical Eleazar Arabel y Álvaro Recalde, y los quintelistas Ernesto Pérez, Viviana Luna, Alcira Brizuela, José Pistek, Daniel Marcos y Carlos Del Giorno. En tanto que los representantes de los bederistas y lunista, Heber Sirerol, Diego Mazuchelli, Lucas Luna, Andrea Mercado Luna y Enrique Rodríguez, se retiraron del recinto en el momento del debate y por ende tampoco participaron de la votación.

Si bien el texto con el que trabajaron los ediles inicialmente había sido propuesto por la Asamblea Ciudadana de la Capital, a través del trabajo en comisiones de introdujeron algunas modificaciones que permitieron despejar planteos y alcanzar una norma de consenso entre los distintos actores sociales y políticos.

La ordenanza lleva el número 4930 y contiene 16 artículos, y declara como autoridad de aplicación de la ordenanza a la Dirección General de Sanidad, Ecología y Medio Ambiente.

En las distintas alocuciones los concejales destacaron el aporte realizado por los concejales Jesús Sánchez y Beatriz Molina Perez, que este martes estuvieron ausentes en la sesión por cuestiones personales.

Militantes de las Asambleas Ciudadanas de Capital, Sanagasta, Famatina y Chilecito estuvieron presentes en la sesión, escucharon atentamente los argumentos y fundamentos esgrimidos por los ediles y acompañaron con aplausos la sanción de la ordenanza.

En primer lugar, Eleazar Arabel precisó que las modificaciones introducidas al texto propuesto por las asambleas “no son sustanciales y por eso acompañamos el proyecto”, y aclaró que “acá no hay demagogia, sino responsabilidad para dejar, a las futuras generaciones, una norma que les de garantías de un ambiente sano y limpio”.

Por su parte, Alcira Brizuela reconoció que “pasamos mucho tiempo para llegar a este momento, pero analizamos responsablemente el tema con el aporte de expertos, investigadores y profesiones”, a la vez que se manifestó a favor de desarrollar la audiencia pública propuesta por el viceintendente Armando Molina. La edil justicialista acusó a la CNEA de violar ordenanzas municipales porque realizó actividades en lugares del cordón del Velazco sin autorización municipal correspondiente.

En tanto, el concejal Álvaro Recalde destacó que “el proyecto no es nuestro, es de un pueblo que se levantó para hacerse escuchar, porque decidió de que forma quiere desarrollarse”, mientras que Ernesto Pérez adelantó que el gobierno de la provincia intentará plantear la inconstitucionalidad de la ordenanza en el Tribunal Superior de Justicia, por lo que solicitó que el pueblo no abandone la lucha y convocó a sumarse a la marcha del próximo 16 de agosto.