Vecinos de localidades cercanas a la planta de residuos de Overá Pozo presentaron, a través de los abogados Raúl Moreno y Oscar López, una acción de amparo colectivo ante el fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez, para frenar el funcionamiento de ese vaciadero, ya que advierten que se afectará a agricultores de la zona debido a que existen normas internacionales que prohíben la exportación de productos originados en zonas cercanas a basurales. Dicha presentación fue respaldada por la diputada nacional Fernanda Reyes, vicepresidenta de la Comisión de Medioambiente.

Ante esta situación, Nuevo Diario dialogó con el fiscal Gómez, quien resaltó que en los casos que se afecta al medio ambiente, “las denuncias no sirven” y remarcó que “en este conflicto de más de 20 años nunca se intentó avanzar fuerte en las denuncias penales y exigir indemnizaciones a Tucumán”.

Por ello hizo hincapié en que, según su punto de vista, de esa manera “habría una resolución al conflicto porque se dejaría de contaminar”.

Igualmente, el fiscal remarcó que “la administración de la justicia es bastante lenta en lo que refiere a acciones de contaminación”, pero reconoció que “hubo casos en donde hubo varios procesados”.

Por ello remarcó que en caso de presentarse una acción civil, se analizará “si hace o no, lugar al recurso de amparo prohibiendo que se lleve más basura a Overá Pozo”, y en lo que refiere a la causa penal que lleva adelante el juez Racedo, “debe decidir si se amplia la investigación por la contaminación a Overá Pozo al gerente Servicios y Construcciones La Banda SRL, que es el mismo que estuvo a cargo de Pacará Pintado y a él ya se lo había juzgado por contaminación”. Ante esta situación, manifestó que el mismo “puede quedar procesado” y remarcó que para ello, la “investigación debe ser encarada de forma más contundente” y que, particularmente, “yo ya estaría pidiendo procesamiento y las detenciones para que se deje de contaminar mediante un impulso procesal”.

En lo que refiere a la situación de Santiago del Estero, el fiscal precisó que “es difícil”, “porque es una zona de inclinación, ya que las aguas escurren a la provincia por las napas” y agregó que “si se perfora en el lugar donde se depositan los residuos, todos van a pasar a la napa freática de las aguas, por lo que se contaminarían”.

Lo que piden los vecinos

En la presentación, realizada ante el fiscal Antonio Gómez, se solicitó que se restablezca el derecho de los vecinos afectados de Tucumán y de Santiago del Estero, a ejercer el debido procedimiento preventivo ambiental planteado por la Ley 25675, “que obliga inexcusablemente a quien vaya a realizar una acción que puede afectar el ambiente, a hacer participar en la información y en el proceso de toma de decisión de la totalidad del proyecto”, precisaron.

Además, informaron que el amparo fue presentado “porque la provincia, el consorcio metropolitano que han creado las seis municipalidades individualmente (Capital, Yerba Buena, de Banda del Río Salí, de Las Talitas, Lules, y de las comunas de San Javier y de El Manantial) y la empresa (Servicios y Construcciones La Banda SRL) han violado esta disposición. Pedimos por medio de medida cautelar innovativa que, hasta tanto se realice este proceso legal, cese absolutamente la disposición de la basura”, explicó Raúl Moreno, al finalizar el encuentro.