Las denuncias que los vocales electos en el Consejo Provincial de Educación, Prof. Javier Martinicorena y Lic. Eduardo James, elevaran días pasados a la presidencia del CPE fueron ratificadas ayer con la presentación de las mismas ante el fiscal de Estado de la provincia, Dr. Iván Saldivia.

Los vocales expresan en la nota que de comprobarse estos hechos, podrían dar lugar o conllevar a la posible comisión de actos y/o acciones tipificadas como delitos penales, que afectarían en la mayoría de los casos al erario público provincial. La presentación la realizaron en su condición de vocales del CPE, luego de agotar las instancias internas y haberlas denunciado oportunamente al presidente del cuerpo, Ing. Aníbal Billoni.

Entre las supuestas irregularidades se encontrarían: “designación indebida de cargo y/u horas cátedra, cobro indebido de título docente, incumplimiento de resoluciones emanadas desde la misma presidencia, encubrimiento de una persona que habría titularizado sin poseer título, incumplimiento de una ley provincial, designación de una jubilada transgrediendo la ley previsional”, entre otras.

“El silencio asumido por Billoni, la ausencia de control y la absoluta falta de respuestas en orden al cumplimiento de expresas normativas nos obligó a insistir sobre tales casos en forma reiterada, tanto verbalmente como por escrito”, dice uno de los textos de la nota.

Remarcaron además que “de comprobarse estas irregularidades, se estaría por parte de Billoni en un verdadero incumplimiento de funcionario público; por lo que los vocales recurren al fiscal de Estado en atención a la función institucional que cumple dicha instancia, específicamente en virtud del deber que le impone la carta magna provincial en su Artículo 125°, de controlar la legalidad de los actos administrativos y la defensa del patrimonio provincial”.

En el párrafo final, los vocales Martinicorena y James le requieren al Dr. Saldivia “que tome las medidas que corresponda para esclarecer los hechos y restablecer la legalidad, todo ello en salvaguarda de los intereses provinciales y -en su caso y de conformidad a lo normado en el Artículo 169° inciso 1 del Código Procesal Penal de nuestra provincia- promueva las acciones legales que resultaren necesarias”.

En el mismo sentido, los vocales electos hicieron una presentación ante el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Dr. Carlos Ramos, poniéndolo en conocimiento de posibles irregularidades por la falta de cumplimiento de normativas dentro del Consejo de Educación que afectarían al erario público provincial.

La nota expresa que “ante la inactividad de la presidencia del CPE, nos vemos en la necesidad de recurrir a los Sres. integrantes del Excmo. Tribunal de Cuentas, en atención a la función institucional que cumple dicho Tribunal como organismo fiscalizador de la gestión financiera patrimonial de esta provincia (Artículo 123° de la Constitución Provincial y Ley 500), todo ello en cumplimiento de nuestras obligaciones como dependientes del Estado provincial y en atención a lo normado en el Artículo 57 de la Ley 500”