Según una denuncia presentada ante la Fiscalía de Estado, recientemente, supuestos testaferros del diputado provincial Pedro Sández se habrían asentado de manera ilegal en el lote fiscal 65, jurisdicción de El Quebrachal, en Anta.
Se trata de tierras vírgenes con una extensión de poco más de 2.000 hectáreas, cuyos únicos ocupantes desde hace décadas son integrantes de una familia de apellido Soruco. Estos, según pudo comprobar El Tribuno, tienen delimitada una parcela de unas 500 hectáreas donde realizan cultivos de hortalizas, con corrales alambrados y un pozo que entrega agua de buena calidad para los animales.
Hace unos meses -según la denuncia- comenzó a rondar esas tierras gente que no vive en el lugar, pero manifestaron ser enviados del diputado Sández.
Tres grupos se asentaron en otras tantas parcelas de alrededor de 500 hectáreas y un cuarto pretendió desalojar a los Soruco porque es el único campo con visibles mejoras.
Están talando el monte
La denuncia fue asentada en la Fiscalía y el escrito afirma que los usurpadores están talando el monte y extrayendo madera sin contar con los pertinentes permisos de explotación forestal.
La situación pone al descubierto un modus operandi que fue descubierto a partir de la investigación de El Tribuno: gente vinculada al poder político se instala en los terrenos y luego consigue ser reconocida como poseedor veinteñal. Luego, pese a estar enajenados, esos terrenos son vendidos con jugosas ganancias que no parecen beneficiar a sus ocupantes. Así quedó demostrado en el caso Tolloche.
Los denunciantes solicitaron la inmediata acción de la Fiscalía para que se ordene el desalojo de usurpadores del lote fiscal 65.
La presentación concluye recordando que en el exlote fiscal 37, Tolloche, se descubrieron maniobras similares que obligaron al Gobierno a emitir un decreto el 30 de mayo pasado desadjudicando varios lotes.
Inhibieron lotes de Tolloche
La Dirección de Inmuebles de la Provincia inscribió sendas inhibiciones sobre las parcelas desadjudicadas por decreto del Gobierno en mayo. En las respectivas cédulas parcelarias puede leerse actualmente el artículo 1 del decreto 2.476, lo que sirve de cobertura legal para impedir eventuales nuevas ventas de tierras.
Como se sabe, a fines de 2007, la administración provincial anterior adjudicó una veintena de parcelas de 500 hectáreas que habían sido expresamente reservadas del exlote fiscal 37 de Tolloche, puesto previamente en venta, para ser entregadas a los colonos y pastajeros de esas tierras.
Esa operación prohibía enajenar las parcelas por 10 años. Pero 7 de ellas fueron vendidas a los 4 meses de la adjudicación por alrededor de 170 mil pesos cada una, cuando habían sido recibidas con hipoteca a favor de la Provincia por $50.000. Una investigación de El Tribuno permitió desentrañar hace 4 meses una operación inmobiliaria donde aparecen involucrados el diputado provincial por Anta Pedro Sández, el intendente de El Quebrachal, Leonardo García y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy.
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