Como todos los años, en la Policía de San Juan se revisó la documentación que presentaron los agentes que ingresaron en la última camada. De ahí que, por primera vez, las autoridades pertinentes, detectaron que en casos puntuales, la documentación que entregaron algunos de esos aspirantes -hoy en actividad- son presuntamente apócrifos. En total, ingresaron a la fuerza de seguridad local, en el pasado mes de marzo, alrededor de 270 efectivos.

Las presuntas irregularidades encontradas, motivó una conferencia de prensa que, ayer pasado el mediodía, encabezó el ministro de Gobierno Emilio Fernández, junto al jefe de Policía, Crio. Miguel González y al secretario de Seguridad, Dante Marinero. Fue el mismo ministro que denuncio públicamente el hecho y por supuesto resaltó que, “esto es algo que se tiene que investigar y llevar hasta las últimas consecuencias”.

“Se van a realizar, los sumarios internos y será la Justicia la que tendrá que determinar si existen o no otros implicados”, manifestó el Crio. González.

“Queremos darle estado oficial a la siguiente información -dijo Fernández- de un análisis de la documentación que oportunamente presentaron los postulantes, hemos hallado presuntas irregularidades que conllevan a pensar que se podría haber adulterado un documento público. Se trata de algunos certificados analíticos de los secundarios que aparecen como completos”.

Luego de semejante hallazgo y ante la presunción de estar ante la presencia de hechos ilícitos, la Policía pondrá a disposición de la Justicia, todos los casos que se detectaron, para que se inicie la investigación correspondiente.

El ministro, no precisó el número de personas involucradas, aunque se estima que no superarían los 10, según indicó otra fuente. El funcionario dijo: “No voy a dar números porque es parte del proceso de investigación y a medida que avance se pueden detectar otros más”.

Por ahora, la pesquisa está el ámbito policial, más precisamente en la División Asuntos Internos, desde donde se sustanciarán los sumarios administrativos para establecer las anormalidades. Una vez superado este trámite, aquellos agentes que hayan incurrido en la presunta irregularidad, serán separados de la fuerza hasta que finalice la investigación.

“Al dar a conocer este hecho, queremos dar transparencia a cada uno de los actos que hacen a la organización de la fuerza de seguridad”, aseguró el ministro.

Según indicó el funcionario, “tras el cotejo de información se detectó que la posible adulteración se dio en los certificados analíticos que presentaron los postulantes, provenientes de diferentes instituciones educativas de la provincia”.

En una primera revisión de la documentación, se sospecha que algunos habrían entregado certificados que pertenecerían a otra persona. Es decir, habrían cambiado el nombre de la persona y el número de documento para que fueran aceptados.

Respecto de las sanciones que podrían aplicarse a quienes resulten responsables, las autoridades no descartaron la baja inmediata de las filas policiales amén de las condenas penales que podría aplicar la Justicia. Cabe destacar que la figura de falsificación de documentos públicos, contemplada en el artículo 292 del Código Penal, prevé una pena de 1 a 6 años a quienes incurrieren en esa conducta al tratarse de documentos públicos, tal como se considera a los títulos secundarios o universitarios.

Por su parte, el jefe de Policía, Miguel González explicó que “dentro de la fuerza se harán todas las investigaciones que sean necesarias”. De plano, el jefe descartó que haya alguna relación entre los investigados y quienes receptaron la información, “esto se hace de buena fe”, dijo el funcionario policial.

“Se van a realizar, los sumarios internos y será la Justicia la que tendrá que determinar si existen o no otros implicados”, manifestó el Crio. González en relación a un posible vínculo con algún miembro de las escuelas involucradas en la adulteración.