Denunciaron penalmente a los diputados peronistas Mariana Baudino, Patricia Lavín y Exito Gianforte por el supuesto delito de abuso de autoridad.

En la denuncia, los integrantes del Frepam expresaron que los tres justicialistas violaron la ley que establece que la Sala Acusadora de Juicio Político tiene un plazo de cinco días hábiles después de "recibida" la acusación para rechazar "in límine" una denuncia.

El rechazo "in límine" se llevó a cabo después de ese plazo inicial de cinco días. Antes no pudieron hacerlo porque los tres legisladores del Frepam que integran la sala no se presentaron y así no hubo quórum.

En la Sala Acusadora se debía analizar la denuncia contra Eduardo Fernández Mendía, presidente del Superior Tribunal de Justicia. Pero el PJ impidió tratar siquiera el caso.

Inicialmente, la denuncia contra Fernández Mendía fue presentada por ex intendente y ex ministro Juan Carlos Tierno en la Justicia ordinaria y luego llegó a la Legislatura. Fue por la actuación del juez, como presidente del Tribunal Electoral de La Pampa, en la selección del candidato a gobernador del PJ. Ese cuerpo aceptó el reemplazo del renunciante Carlos Verna por el actual gobernador Oscar Jorge, según la denuncia, fuera de los plazos legales.

En el bloque de diputados PJ argumentaron que el plazo de cinco días para rechazar "in límine" la denuncia -es decir, sin analizarla- comenzó a correr cuando, a su criterio, "se constituyó" la Sala Acusadora, el viernes 18 de noviembre. Así, con ese punto de vista, podían rechazar "in límine" la acusación, es decir, sin analizarla.

Pero para el Frepam el plazo comenzó a correr cuando se recibió la denuncia, es decir, el jueves 10 de noviembre. De esa manera, el viernes 18 había vencido el plazo para rechazar, sin abrir a pruebas, la acusación. Además, recordó el Frepam, el 10 de noviembre "se constituyó" la sala. Eso al menos dice en el acta de ese día.

El PJ, sin embargo, rechazó la acusación. Y ahora el Frepam intentará que el caso sea analizado por un juez.

"Resulta evidente el despliegue arbitrario en la función, contrariando lo que legalmente es lo debido y obligatorio", expresaron los diputados opositores en la denuncia. "No se trata de funcionarios que se han extralimitado en su función (supuesto que encuadraría en la figura prevista por el artículo 246, inc. 3° del Código Penal -usurpación de funciones-), sino de legisladores que lisa y llanamente habrían empleado la autoridad recibida con el claro designio de violar la ley".

"El delito invocado se habría consumado con la adopción de una decisión (rechazando in límine la denuncia) contraria a la ley, esto es, cuando aquella se integró como acto jurisdiccional válido", dijeron.