Menéndez brindo ayer una conferencia de prensa y está acompañado por el Observatorio de Derechos Humanos de San Luis, quienes sostienen que es una barbaridad que un legislador haga justicia por mano propia. Menéndez recibió el apoyo y solidaridad de muchos ciudadanos que pasaron por el lugar donde se desarrolló la conferencia de prensa.

Menéndez sostuvo que ya realizó, y ratificó, la denuncia contra Olivera Aguirre en el Juzgado de Instrucción Nº 2, que está a cargo de Jorge Sabaini Zapata.

El motivo que esgrimió Ciccarone para suspender a Menéndez, es “por inasistencias reiteradas”, algo que el empleado golpeado por Olivera Aguirre señala que “es mentira”, porque aduce tener solamente “tres faltas, dos en enero y una en febrero” y todas justificadas. También sostiene que se trata de “una persecución política”, por haber trabajado en las internas del Peronismo Federal con la lista que encabezaba Víctor Hugo Hissa, contra Ciccarone.

Como ocurre en La Toma -con otro caso de internas del Peronismo Federal- las peleas en el seno de esta fuerza política son más fuertes que el enfrentamiento con la oposición, algo ya casi inexistente.

Entre lágrimas, Menéndez toma como un acto referente a esa persecución política que denuncia, el hecho de que lo hayan destinado a trabajar en el cementerio de El Trapiche, donde “tengo una nieta y no quiero entrar”.

Observatorio de los Derechos Humanos

El Observatorio de los Derechos Humanos de San Luis, sigue muy de cerca estos acontecimientos, a punto tal que Sada Bentolila y Juan Marchioni acompañaron en la mañana de ayer a Menéndez.

Marchioni sostuvo que con Menéndez se están violando “dos tipos de derechos fundamentales”, tales como el derecho “a las libertades individuales y el derecho al trabajo”. La suspensión por treinta días que le impuso Ciccarone, “significa que está al borde de la cesantía, sin que se le haya realizado ningún tipo de sumario para que ejerza su derecho a defensa”, lo que significa otra violación.

El otro tema, es la agresión que sufrió por parte del diputado provincial Olivera Aguirre, algo que tildó de “gravísimo”, porque fue electo por la ciudadanía “para que en la legislatura se ocupe de hacer leyes que beneficien a la población” y no para andar agrediendo salvajemente a un sexagenario.

Marchioni sostuvo que van a pedir informes a la Municipalidad de El Trapiche y a la Cámara de Diputados, porque Olivera Aguirre merece ser sancionado en ese ámbito por no respetar las conductas que deben seguir los legisladores.

Por su parte, Sada Bentolila agregó que “debemos saber lo que significa el respeto a la Ley”, porque los ciudadanos “no deben tomar justicia por sus propias manos” y si esto ocurre “volvemos a las épocas del hombre primitivo”, porque no existe “ningún argumento de razonabilidad que justifique el tomar la justicia por la propia mano y menos un representante legislativo que está para velar por el respeto a la Ley”.