La odisea del jubilado que fue dado por muerto en la Anses y se quedó sin cobrar sus haberes parece no tener fin. Cuando la justicia federal intervino en el caso a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, el organismo admitió el error y anunció que el 13 de este mes el damnificado iba a cobrar lo que debían. Pero llegó ese día y cuando el jubilado se dirigió al banco, le dijeron que no había ninguna orden de pago a su favor.

El defensor del pueblo, Victor Galarza, sostuvo que de esta manera la Anses contrarió lo ordenado por el Juzgado Federal 1 Secretaría Civil y Comercial 1, en la medida cautelar promovida por la Defensoría el 30 de diciembre pasado."Conforme lo manifestado en la respuesta de Anses a la acción de amparo y medida cautelar y a los compromisos públicos del organismo de la seguridad social, que solo buscaban justificar lo injustificable respecto de la arbitraria e ilegal suspensión del beneficio a un jubilado, nuevamente incumplió con dicho pago.

Luego de que anunciara públicamente que dicho error había sido supuestamente subsanado administrativamente, pero la realidad es que el jubilado no cobró el beneficio en la fecha indicada públicamente por Anses", explicó Galarza.

También declaró que "este hecho se torna más grave aun cuando el jubilado al apersonarse a la entidad bancaria en la fecha comprometida públicamente por Anses -el 13 de este mes- se le informa que no tiene cobros a su favor quedando demostrada la vulneración al derecho del jubilado, situación que fue denunciada al Juzgado Federal interviniente".

Galarza entendió que ahora se causó un perjuicio mayor a la víctima, afectando "a la subsistencia y la satisfacción de las necesidades básicas alimentarias y de salud al jubilado".

Aclaró que la denuncia de esta persona no es el único caso recibido en la Defensoría, "dado que se encuentran registradas similares quejas de beneficiarios a los cuales también les ha sido suspendido el pago".

Galarza dijo que defiende "los derechos de todos los ciudadanos de la provincia y en este caso el de un jubilado, sin tomar en cuenta problemas de índole presupuestarios, de personal, de legitimación o competencia que aducen algunos organismos nacionales como justificativo para la vulneración de los derechos humanos de los jujeños".