Desde la Asociación de Docentes de Escuelas Medias y Superiores (ADEMyS) repudian al Gobierno porteño por denunciar a su líder, Manuel Gutiérrez. “Dimos una conferencia de prensa, avisos por mails, y hubo cobertura de los medios. Además protestamos respetando lo indicado por la fuerza policial presente en el lugar que nos pidió dejar libre dos carriles de la avenida Callao. Lo respetamos y todo transcurrió con normalidad pese a ello se inicia la causa”, expresó Gutiérrez a NOTICIAS URBANAS luego de presentarse en la fiscalía para notificarse de la denuncia que impulsó el Gobierno de la Ciudad.

La causa 27.390/10 se encuentra en manos del fiscal Mauro Tereszko, que integra la Unidad Fiscal Sudeste.

Los docentes sindicalizados que integran la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se defendieron de la denuncia argumentando que “el corte de calle llevado a cabo el viernes 21 de mayo de este año junto a otras organizaciones y agrupaciones docentes en solidaridad con los docentes de Neuquén fue comunicada y difundida con razonable anticipación como lo indica el código contravencional y tomada por los diferentes medios radiales y televisivos”

Desde ADEMyS consideran que el proceso que judicializa a su secretario general, Manuel Gutiérrez, va en el mismo sentido del juicio contra Carlos Oroz, secretario de prensa del gremio. “Esto es una muestra concreta del intento de judicializar la protesta por parte del Gobierno del ingeniero Mauricio Macri”, expresaron los docentes.

Carlos Oroz fue absuelto en un juicio también impulsado por la gestión PRO. Pese a resolver la jueza su inocencia, el fiscal Walter López (conocido por perseguir a los cartoneros en la causa desalojo centro cultural de Almagro) apeló. La Sala II de la Cámara Contravencional anuló lo actuado la absolución y dispuso remitir la causa a la justicia Penal para que se investigue el delito por interrupción del servicio público. “Es anticonstitucional, no se puede pasar de un delito menor a uno mayor, y tampoco por el mismo delito juzgar dos veces. Esto viola las garantías constitucionales del debido proceso”, explicó a este medio Oroz.