Rojas, tras su salida después de indicar las numerosas falencias y necesidades del sistema, denunció ante la Justicia el incumplimiento de la ley que obliga a disponer de personal idóneo en la jefatura, ya que Debaz no tiene título universitario en materia penitenciaria. Incluso ahora el Gobierno improvisaría un intento de modificar ese punto en la ley del Servicio Penitenciario, pero ello también estaría impedido por la ley nacional 24.660, a la que la provincia adhirió.

La denuncia fue presentada por el ex jefe del Servicio Penitenciario Provincial el pasado viernes 7 de mayo en la sede de la fiscalía en la ciudad de Ushuaia, quedando a cargo de la misma el Fiscal Mayor Guillermo Massimi.

El Prefecto Rojas, quien resulta poco menos que una eminencia en materia penitenciaria, fue sacado del mando de la fuerza a escasos cinco meses de asumir, al plantear la necesidad de una política de inversión para la consolidación del Servicio Penitenciario, sobre lo que hoy Debaz, tras su nombramiento, mantiene un absoluto silencio de radio, buscando evitar cualquier contacto con los medios de prensa.

Mas allá de la discutible política penitenciaria del Gobierno Provincial, lo denunciado por Rojas involucra a las principales autoridades del Gobierno Provincial en una increíble omisión legal al momento de designar a Carlos Rafael Debaz a la dirección del Servicio Penitenciario.

La denuncia

Rojas enuncia en su presentación el artículo 253 del Código Penal por el cual se sanciona "al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales".

En este ilícito encuadra la designación de Debaz al no contar con título universitario habilitante para quedar a cargo del servicio, en base a lo establecido por el artículo 10 de la ley provincial 777.

Tal artículo establece; "Los nombramientos del Director y del Subdirector Provincial del Servicio Penitenciario, recaerán en funcionarios argentinos que posean formación penitenciaria con título universitario de carrera a fin a la función, conforme a la Ley nacional 24.660, experiencia y capacidad ejecutivas, adecuadas para la función penitenciaria".

En razón de ello imputa a la gobernadora Fabiana Ríos, como máxima responsable de la designación de Debaz a sabiendas de que carece del título; al ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu "porque el firmó el Decreto de nombramiento junto a la Gobernadora, y menos aún puede desconocer la exigencia del art. 10 de la Ley 777, para el cargo de Director Provincial del Servicio Penitenciario, máxime su condición de abogado", señala el escrito.

Asimismo la denuncia comprende también a la Secretaria de Seguridad Graciela Arguello, de quien depende directamente Debaz, y al Jefe del Policía "por permitir que un funcionario de su institución, ocupe un cargo del que la ley lo califica como ilegal".

Finalmente la presentación también imputa al propio Debaz "por haber aceptado un cargo del que sabía que no concurren en él los requisitos legales para ocuparlo, puesto que no tiene el título universitario que exige la ley Además Debaz podría estar cometiendo una doble falta, porque el art. 9 de la Constitución Provincial prohíbe que una misma persona ocupe dos cargos simultáneos en la Administración Pública y Debaz es Comisario en actividad en la Policía Provincial", finaliza diciendo la presentación.

Una salida improvisada

El colmo del papelón y la improvisación de parte del Gobierno en este asunto sería el intento de ingresar a la Legislatura Provincial un proyecto de modificatoria al artículo 10 de la ley 777, a fin de regularizar la situación de Debaz.

Allí la improvisación que caracteriza a esta gestión chocaría nuevamente con otro impedimento legal como es la adhesión de la provincia a la ley nacional 24.660, de pena privativa de la libertad, y que en el artículo 202 avala que "la conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus principales áreas así como la dirección de los establecimientos deberán estar a cargo de personal penitenciario con título universitario de carrera afín a la función".

Un escándalo que vuelve a dejar en evidencia la incapacidad del Gobierno y sus funcionarios en todo lo atinente a seguridad, demostrándose asimismo que el único idóneo en la materia fue echado por la ventana al señalar la ignorancia de los demás que lo rodeaban.