Tanto el ex Fiscal Andrés Vivanco, en Río Gallegos, como la Licenciada Graciela Rearte, en Caleta Olivia, han formalizado sendas denuncias en contra del gobernador Daniel Peralta por la falta de aportes a la Caja de Servicios Sociales, dinero que a su vez descuentan mensualmente de los respectivos sueldos para afectar a la cobertura médica y de salud, cuestión que – según los denunciantes – no se cumple en ninguna de sus formas ni condiciones: atención médica y descuentos en farmacias.

El Dr Vivanco le señaló a OPI “personalmente lo he denunciado al Gobernador por retención indebida de haberes ya que me han generado descuentos para la Caja de Servicios Sociales que no han sido depositados, lo cual considero que es una defraudación al estado y mal desempeño de la función pública”, indicó el ex Fiscal.

“Estamos ante una situación absolutamente irregular – continuó diciendo Vivanco – porque en nuestros recibos de sueldo está claramente establecido el descuento, pero la CSS no brinda servicios. No hay cobertura médica, no hay descuento en farmacias, es decir, no funciona la prestación. En el caso de Caleta Olivia la situación es aún más grave”, indicó el abogado, refiriéndose a una denuncia similar que presentó en zona norte la Licenciada Graciela Rearte.

Al preguntársele a Vivanco si la acción que emprendió él, puede ser imitada o emulada por algún otro trabajador, señaló “claro, todos los empleados de la administración pública están en condiciones de reclamar por vía judicial algo que le descuentan y no aportan a los fines que corresponde, es una retención indebida que en sí misma constituye un delito”.

El problema es de vieja data, pues en algún momento el propio Fernando Cotillo, como Intendente de Caleta Olivia (hoy Vicegobernador) reconoció públicamente que desde la Municipalidad no se efectuaban los aportes de los empleados, lo que es un hecho delictivo, que podría generar denuncia por malversación de fondos públicos y mal desempeño de las funciones, a partir de los reclamos que podrían generarse de parte de los empelados municipales y de la administración central. (Agencia OPI Santa Cruz)