Una auditoría sobre las obras realizadas en los diques Saladillo y San Francisco, arrojó que las empresas que tuvieron a cargo la construcción hasta 2008 cobraron por trabajos no realizados.

Debido a esto, Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal por la posible comisión del delito de estafa y defraudación al Estado.

La presentación, que quedó radicada en el Juzgado Penal 1, apunta a las firmas que integran la UTE Merco Vial SA- GCI y a la empresa BGI (Sociedad de Hecho).

Alcanza también al empresario Américo Gualtieri y un grupo de ingenieros y técnicos de esas empresas. El fiscal de Estado Eduardo Allende explicó ayer que la denuncia surge luego de un trabajo que detectó que las empresas no habían cumplido con la totalidad de las perforaciones e inyecciones de cemento que habían declarado y cobrado.

Se calcula que el perjuicio para el Gobierno ronda los 47 millones de pesos.