La empresa fue imposibilitada en 2005, cuando estaba armándose la SAETA, de manejar corredor alguno. Surgió primero como una cooperativa formada por trabajadores que quedaron fuera de las empresas que se habían hecho cargo de los recorridos que debían llegar a Santas Ana I, y que terminaron siendo deficitarios.

La última empresa que se hizo cargo del recorrido del 8 D fue la empresa San Cayetano. Pero la condición era absorber a los trabajadores que habían quedado desempleados tras la huida de las empresas que anteriormente se habían hecho cargo de ese tramo San Cayetano no pudo hacerse cargo y ante ello, se decidió conformar en 2002 la empresa manejada por los trabajadores.

Ya en aquel momento se sostiene que San Cayetano, y no la empresa 24 de Mayo, cobró los subsidios nacionales que se debían pagar a la Cooperativa por coche.

En 2003 y por una interna entre los socios de la Cooperativa, la empresa 24 de mayo fue intervenida por la Justicia.

En 2005, con la compra de los colectivos mediante la SAETA para empezar a explotar los corredores, el interventor Carlos Ávila Valencia, puesto por la jueza de Concursos y Quiebras, Mirta del Valle Avellaneda, decidió que había que transferir el corredor 8 D que hasta ese momento, al menos en la zona sur, era conocido por competir entre las demás líneas con un boleto más barato.

La transferencia se hizo en septiembre de 2005 y luego, al quitarle el corredor, se asignaron otras 5 unidades 0 km para explotar el corredor 5 C.

Pero a pesar de la asignación y el listado de las unidades como receptoras de los subsidios, ni las unidades ni las compensaciones llegaron a manos de la empresa 24 de Mayo.

A ello se sumó que el recorrido otorgado era "contraproducente" se indicó en la denuncia, al detallar que al ser corto y transitar las calles céntricas solamente, nadie tomaba el colectivo, y generaba pérdidas. En este contexto, y con una disposición final, se terminó borrando la presencia de la cooperativa para prestar servicios en la SAETA.

La "transferencia"

En la denuncia Vázquez apuntó a la intencionalidad de transferir las acciones de la 24 de Mayo a una nueva empresa que iban a constituir el empresario Raúl Ale (Ale Hnos), y el en ese momento referente de la CETUP, Edgardo García Castellanos. Esta posibilidad se había presentado el 5 de mayo. Según Escobar, en la misma resolución consta "como si fuera una amenaza", que ante la falta de transferencia de acciones se iba a revocar la explotación del 5 C. La revocación se comunicó oficialmente al juzgado el 24 de agosto, cuando el interventor informó que el 28 de ese mes de 2005 la empresa no prestaría más la explotación del 5 C.

En el medio, el 7 de julio de ese año, Escobar había sido repuesto a cargo de la empresa. Pero indicó que ya en ese momento, todos los bienes estaban devaluados.

Agregó que a pesar de que en todo momento los coches figuraron a nombre de la empresa y supuestamente, como receptores de subsidios nacionales, ese dinero nunca llegó a ninguno de los miembros de la empresa.