El sindicato que nuclea a los docentes privados protagonizó una movilización frente a la sede de Jurec para pedir al Obispo que “culmine con esta política sistemática”. Son cerca de 250 los perjudicados y las quitas son de hasta 500 pesos
La protesta se dio frente a la delegación local de la Junta Regional de Educación Católica porque decidió, de manera arbitraria, descontar los días de paro de unos 250 docentes. Esta situación no se dio ni entre los docentes municipales ni provinciales, ni siquiera en otras jurisdicciones de Jurec.
Patricia Rodríguez, secretaria general de Sadop, dio cuenta de la situación: “Nuevamente tenemos que tomar la decisión de venir a repudiar esta acción que toma la Jurec de descontar los días de paro”.
“En su momento -mencionó- esto no sucedía. Luego de un reclamo que se hizo expresamente para el sector privado, por los decretos del PEN en el 2002, desde ese momento es algo que lo hace de manera permanente y constante. Ante cada medida de fuerza que ejercen los docentes privados, la respuesta de la Jurec es el descuento”.
La dirigente planteó el repudio a esta acción. “Realmente no entendemos. No podemos sentarnos a negociar porque lamentablemente la cámara es la más fuerte del sector privado y no tenemos convenio colectivo de trabajo propio”, cuestionó.
“Entonces cuando tenemos que tomar una medida de acción directa como es el paro, la respuesta es el descuento y no somos escuchados”, lamentó la titular del Sadop.
La intención fue hacer pública la situación que viven cerca de 250 docentes. “Los docentes privados están privados de ejercer un derecho constitucional. Porque realmente sufrir un descuento de 500 pesos como han sufrido algunos docentes, limita al momento de tomar la decisión de ejercer ese derecho constitucional”, subrayó.
Rodríguez reparó en que es una situación que involucra incluso a la familia: “Porque 500 pesos en un salario magro como el del docente, te sentís limitado, no tenés libertad de acción. O lo hacés o recibís un castigo, que es el descuento en el haber”, apuntó.
La intención de los docentes era ser recibidos por el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Antonio Marino, ante la posición tajante de la Jurec. Sin embargo, monseñor no estaba allí y se solicitó “una urgente audiencia”.
“La decisión de la Jurec en Mar del Plata es la más fuerte de toda la Provincia de Buenos Aires. En las distintas jurisdicciones de los Obispados no han descontado: ni en Bahía Blanca, Azul, Chascomús. Mar del Plata insiste con esta medida reiterada de descontar y de castigar”, cuestionó.
Enseguida, pidió “que reflexionen”. “No es ir a la Justicia a ver qué dice: es una decisión política de que cada uno tenga su derecho a ejercer los derechos que les corresponden”, señaló.
Más allá de la ausencia de Marino para poder dialogar, se dejó un petitorio por escrito. Allí le mencionaron que “estos descuentos impiden al trabajar que ya de por sí tiene un salario magro, decidir libremente sobre la posibilidad o no de adherirse a las medidas de fuerza legalmente convocadas por su gremio”.
En el escrito citaron a Juan Plablo II cuando decía que el trabajo es “una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia, que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo”. Frente a ello sostuvieron: “Entendemos, modestamente, que esta Jurec tiene algunas cosas para replantearse”.
“Estamos convencidos de la necesidad de defender nuestros derechos como requisito indispensable para transitar el camino que nos encuentro como maestro”, subrayaron desde la Comisión Directiva de Sadop, y le pidieron al Obispo “que decida que se culmine con esta política sistemática de descuentos”.
Monseñor Marino, delegado en la Conferencia Episcopal
La 102° Asamblea Plenaria de obispos, realizada hace unos días en la casa ejercicios El Cenáculo – La Montonera, de Pilar, tuvo un carácter electivo. No sólo se votó al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, sino también se eligieron uno a uno los obispos que conformarían las nuevas comisiones y también la Comisión Permanente. Monseñor Antonio Marino fue elegido para ésta última y como miembro de la comisión de Fe y Cultura.
El Obispo de Mar del Plata fue elegido como delegado de los once obispos de la Región Platense, que abarca las diócesis de La Plata, Mercedes-Luján, Zárate-Campana, Chascomús, Nueve de Julio, Mar del Plata, Azul, Bahía Blanca, La Pampa.
La Comisión Permanente está integrada por la Mesa Ejecutiva; por los presidentes de las nueve comisiones estatutarias -Fe y Cultura, Catequesis, Ministerios, Vida Consagrada, Liturgia, Pastoral Social, Educación Católica, Apostolado de los Laicos y Comunicación Social-; los delegados de las ocho regiones pastorales -entre las que se encuentra la platense-, y el Presidente del Consejo de Asuntos Económicos.
Esta comisión, congrega a unos 23 obispos y normalmente se reúne tres veces al año. Según los estatutos, "la Comisión Permanente mantiene una atención pastoral constante sobre la realidad argentina, tanto general como regional, procurando reconocer en ella los desafíos que presenta a la acción evangelizadora".
A ella le corresponde, entre otras funciones, preparar el desarrollo y el temario de cada Asamblea Plenaria, publicar declaraciones cuando las circunstancias lo requieran y no fuera posible esperar la decisión de la Asamblea Plenaria y resolver aquellas cuestiones que no exijan a decisión de la Asamblea Plenaria.
Marino es igualmente uno de los seis miembros de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, que se ocupa de asuntos doctrinales y de promover el diálogo entre los principios del Evangelio y la realidad cultural vigente. A esta área pertenecen también el Seguimiento Legislativo y la tutela de los bienes culturales de la Iglesia. Este es el segundo período en el que el actual Obispo de Mar del Plata, participa en la mencionada comisión; y lo hará hasta el 2014.
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