“Familiares de Detenidos Desparecidos del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires”, denunció públicamente al juez Hooft, todavía en funciones, y las dilaciones de la justicia bonaerense. Apoyo del HCD local.
Además de la denuncia ante la CIDH, Familiares presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema bonaerense y un recurso de protesta ante la Corte Suprema de la Nación por la inacción del máximo tribunal provincial.
El 28 de septiembre de 2006 (hace seis años y un mes) organismos de Derechos Humanos de nuestra ciudad presentaron el pedido de juicio político contra Hooft acusado por 210 delitos y 100 faltas funcionales. Unos meses antes, la Secretaría de Derechos Humanos nacional había iniciado una querella penal contra el todavía juez por más de 140 delitos de lesa humanidad.
Recién en el año 2009, el Jurado de Enjuiciamiento aceptó el caso y ordenó comenzar la investigación contra el magistrado, sin embargo el proceso chocó con el boicot permanente de jueces y legisladores, quienes se excusaron de participar del jury y dilataron el proceso al punto de que hasta ahora no se pudo ni siquiera conformar el tribunal que lo investigue.
Al considerar agotados los recursos internos, Familiares de Detenidos Desparecidos del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires inició la demanda ante la CIDH. “Concurrir ante esta comisión implica asentir este proceso de ahogamiento por inanición de las posibilidades reales de ejercer los derechos reconocidos en el Pacto San José de Costa Rica”, señalaron en la denuncia ya que desde el inicio trascurrieron más de 73 meses.
APOYO DEL CONCEJO DELIBERANTE LOCAL
Durante la sesión de este viernes en el Concejo Deliberante, los ediles de todas las bancas apoyaron esta denuncia contra el juez Hoft. Una nota presentada por “Familiares de Detenidos Desparecidos del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires”, contó con el apoyo de todos los ediles y a partir de ello se firmó el decreto correspondiente.
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