Denunciaron ante la AFIP a la Obra Social universitaria y al DeCom

Susana Farías, ex empleada de la institución, denunció el lunes último ante la AFIP a la Dirección de Obra Social del Personal Universitario (DOSPU) y al Departamento de Compensaciones (DECOM) por evasión fiscal, entre otras irregularidades.
En diálogo con Periodistas en la red advirtió a los afiliados sobre presuntas maniobras especulativas que se hacen con el dinero que se recauda. "Se presta a intereses muy altos", aseguró y si existe algún problema, "se ejecuta a los garantes sin disposición judicial, a través de una llamada telefónica" a la oficina de liquidaciones.

Según manifestó en la conversación con este medio, la obra social "tiene clientes cautivos" en su farmacia, porque "los trámites de reintegro son muy lentos" si se compra en otro lado y además porque "se realiza el descuento por planilla", lo que solucionaría a veces el problema de falta de efectivo de los adquirentes de los productos que venden allí.

En el lugar también se venderían otro tipo de productos para los que no están autorizados, como la perfumería, pero "no se facturan y se evaden los impuestos" y en algunos casos, en lugar de emitir el comprobante fiscal, "te dan un bono contribución", expresó.

Explicó que tanto DOSPU como el DECOM son controlados por el mismo presidente, Roberto Doña, quien estaría al tanto de las irregularidades, pero a la gente que hace observaciones, "los persigue y los echa", como ocurrió con ella.

"El Rector (José Riccardo) también está al tanto de esto y no puede hacerse el distraído. También es su responsabilidad", sostuvo Farías. "No puede mirar para otro lado", dijo y aseguró que en la Obra Social hay personal contratado "desde hace 20 años, que está pendiente año a año de la renovación" del vínculo laboral y con una inestabilidad permanente "a merced de los vaivenes de las decisiones de las autoridades".

También explicó que en el caso del DECOM, con la plata que se cobra por la afiliación, existe una capitalización varoas veces millonaria en pesos, que debería utilizarse para mejorar la situación de los jubilados de la UNSL y debería funcionar como una caja compensadora, pero en realidad "se utiliza para dar préstamos, con intereses muy altos y la plata no se redistribuye entre los afiliados", según el propósito para la que fue creada originalmente.

Dijo que "si el Rector necesita plata para cubrir algún problema financiero de la Universidad, no le cobran intereses, pero si el que pide un crédito es el aportante, tiene que pagar una tasa altísima".

"Me gustaría que me digan si es una caja compensadora para los afiliados o una financiera", desafió.

Asimismo asegura que la ejecución de las garantías se opera "mediante un llamado telefónico" al departamento de cómputos de la UNSL, donde se hacen las liquidaciones, "ordenándoles que le descuenten por planilla" a quienes fueron fiadores solidarios en algún préstamo. "No hay proceso administrativo ni judicial, sino una simple llamada", aseguró. Los garantes de los préstamos deben ser, necesariamente, trabajadores de la universidad.

También remarcó -ya en la faz laboral y personal- que tanto Doña como Miguel Saad propician malos tratos a sus empleados: "No me ha pasado solo a mi, he visto como Doña maltrata e insulta de la peor manera a las empleadas" aseguró, algo que también indicó que ocurre con el otro directivo referido.

"Yo le pido a los afiliados que reflexionen, que participen, que no se dejen estafar, porque la DOSPU es de todos y se están haciendo malos manejos", recalcó y pidió que haya "mayor compromiso y participación", porque sino, "a las decisiones las toman unos pocos y se perjudica a todos".

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