El intendente aseguró que se “detectaron irregularidades en la confección del pliego licitatorio” y las propuestas de oferentes. Se habían presentado dos firmas interesadas, ambas con una composición societaria “casi idéntica”. El Ejecutivo ratificó que no tercerizará el cobro de tributos.

El contrato que el municipio mantenía -desde el 17 de enero de 2011- con una empresa privada para el relevamiento y gestión de cobro de la publicidad en la vía pública, fue rescindido el pasado 25 de enero por la actual gestión comunal. En duros términos, el propio intendente Omar Goye anunció que la vinculación con Publicanos S.A. será además objeto de una denuncia penal, ya que “se detectaron irregularidades en la confección del pliego licitario y en la presentación de propuestas de oferentes”.

El contrato con Publicanos fue rubricado por el intendente Marcelo Cascón, y estipulaba que el privado realizaría el relevamiento de los metros cuadrados de publicidad de empresas nacionales y multinacionales en la vía pública y comercios, con el objetivo de incrementar la recaudación por ese concepto. Es más, el trabajo realizado derivó en un anuncio por parte del por entonces secretario de Economía, Juan José Deco, de que el municipio saldría a cobrar unos 20 millones de pesos correspondiente a ese concepto.

Publicanos se quedaría con el 35 por ciento de lo recaudado por el cobro de la Tasa de Publicidad y Propaganda.

Ahora, Goye explicó que el espíritu del gobierno es no tercerizar el cobro de tributo alguno, pero además cuestionó la legalidad del contrato firmado por Cascón. Ya el Tribunal de Contralor había iniciado una investigación por el mismo tema.

Al llamado a licitación “sólo presentaron ofertas la empresa Publicanos S.A y Gramura S.R.L.”, pero “esta última no cumplía con los requisitos del pliego y por ello ganó la licitación Publicanos S.A.. Lo que resulta sospechoso es que ambas sociedades tienen una composición societaria casi idéntica, donde los señores Diego Alberto Pisera y Josefina Smaltino son socios en ambas. Además las sociedades comparten en sus instrumentos de constitución el mismo domicilio legal en calle Gallo 606 Torre 1, piso 6 Dto. 5”, señaló el intendente a través de un comunicado de prensa.

En ese marco, “se dará vista al Tribunal de Contralor y se realizará la denuncia penal para que se investigue si el llamado a licitación privada y la presentación de ofertas están enmarcadas dentro de la ley o si constituyen algún delito”, indicó el jefe comunal.

“Es política de esta nueva gestión el no conceder ni tercerizar el cobro de tributos o cualquier otro ingreso que pueda ser realizado por el Municipio. Siempre hubo intentos de distintos sectores de entregar a privados los ingresos de las arcas Municipales, desmereciendo la capacidad de cobro del Estado. Este municipio es capaz de realizar el cobro de sus acreencias, pero que a diferencias de terceros no lo realiza con el sólo motivo de generar ganancias, sino que respetando la equidad, la legalidad, la problemática social y por sobre todo obedece a los principios de la justicia social sin que prime como único fin el lucro desmedido”, argumentó finalmente.