Así lo anunciaron ayer los representantes de la mayoría de los bloques de la oposición nacional que promoverán dicha denuncia penal contra el legislador correntino, a quien acusan de oponerse también a que se realicen auditorías en varias empresas y organizaciones sociales vinculadas con el Estado nacional por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La denuncia la presentarán los bloques de diputados y senadores de la UCR, pero está acompañada por el Frente Amplio Progresista, el PRO y el peronismo disidente que responde a Francisco de Narváez. Los impulsores de la presentación contra Ríos son: el presidente de la Convención Radical, Hipólito Solari Yrigoyen; los jefes de los bloques de diputados y del Senado, Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff; y el diputado Ricardo Alfonsín, entre otros, quienes ayer estuvieron presentes en el Congreso.

El Frente Amplio también se hizo presente con su máximo referente, el socialista Hermes Binner, junto a los legisladores Victoria Donda, Gerardo Milman y Claudio Lozano, al igual que la aliada y ex-Coalición, María Eugenia Estenssoro.

Así, como consecuencia de esta negativa del kirchnerismo de reconocer la continuidad de Despouy al frente de la Auditoría y de negarse a los controles que pide la oposición, el diputado y presidente del PJ correntino recibirá una denuncia penal en su contra.

Despouy, por su parte, se ratificó ayer en su cargo y remarcó que seguirá siendo presidente del organismo, “mientras tenga el respaldo del partido político que tiene la responsabilidad constitucional de designarme y mantenerme en el puesto”.

Según Despouy, cuenta además con “el respaldo de toda la oposición”, por lo que afirmó que no va “a ceder” a lo que calificó como “un acto intempestivo” que puede “obedecer a las auditorías que vienen”.

“Hace diez años que soy presidente de la Auditoría; he resistido siempre, estas cosas me fortalecen”, aseveró el dirigente radical en declaraciones al canal TN, al tiempo que añadió que “porque afectan a mi integridad, yo nunca voy a ceder”. E insistió: “Nunca voy a ceder porque de lo que se trata es custodiar la honestidad de la República”. Despouy acusó al oficialismo de querer “adormecer” la Auditoría que preside y cuyo mandato venció en 2010, pero no fue renovado, ni rechazado.

Ayer, legisladores de la oposición rechazaron el desplazamiento del dirigente radical del órgano de control. La decisión del oficialismo había sido anunciada por el correntino Ríos, argumentando que su mandato estaba vencido desde 2010. Por la Constitución nacional, el presidente de la Auditoría debe ser designado por el principal partido de la oposición, en este caso la Unión Cívica Radical, que el mismo jueves reiteró su voluntad de que Despouy continúe al frente de la AGN. El oficialismo anunció que reconocerá a quien postule la UCR, pero la comunicación a los presidentes de las dos cámaras debe hacerse por escrito. La oposición sospecha que el interés del oficialismo consiste en que no tenga valor judicial las investigaciones realizadas en los dos últimos años, desde que en 2010 se venció el primer mandato de Despouy, ya que contiene trabajos muy críticos sobre la situación ferroviaria y en particular de la empresa TBA. Despouy denunció la “actitud destituyente y golpista” del kirchnerismo y advirtió que el Gobierno busca ocultar informes sobre los “hallazgos de corrupción más importantes que tiene este país”.

La sospecha

En el entorno del radical Despouy sospechan que el intento del kirchnerismo para desplazarlo de su cargo al frente de la Auditoría General está vinculado con una serie de investigaciones impulsadas por el organismo. Clarín tuvo acceso a una de ellas, que impacta de lleno en uno de los funcionarios predilectos del gobierno, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.

La auditoría en cuestión confirma el estado de descontrol que se apoderó de la antigua Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), cuando estuvo a cargo del actual recaudador, entre 2008 y 2009.

El informe tiene particular importancia porque su alumbramiento fue muy complicado: la AGN se presentó ante las autoridades de la Oncca el 14 de diciembre de 2009, cuando Echegaray, salpicado por múltiples escándalos, ya había perdido el control político de esa oficina que distribuía más de 2.000 millones de pesos anuales en subsidios.