Por tercer año consecutivo, diciembre trajo a Esteban Echeverría dos visitantes no gratos: la soja y su agrotóxico predilecto, el glifosato. Así lo dio a conocer un colectivo ambientalista que denunció que en la zona sur de la Laguna de Rocha se afectaron unas 120 hectáreas a una plantación del monocultivo. Aunque la actividad no está en la mira, los vecinos sostienen que se comete un “delito federal” al emplear un químico nocivo en la zona de influencia del acuífero Puelche, que alberga al espejo de agua.

La preocupación surge por la posibilidad de que las aguas subterráneas ya se encuentren afectadas por el lixiviado de ese herbicida, que actúa envejeciendo rápidamente a las plantas pero es inocuo en soja genéticamente modificada. Una vez esparcido las recientes lluvias y la pendiente del terreno arrastran los restos de la fumigación a la laguna, la contamina y luego pasa a las napas, de donde se sirve gran parte de la comunidad de los barrios Malvinas y los Mirasoles, de Monte Grande. De sus propios vecinos surgió el reclamo, ya que “la fumigación se realizó a escasos metros de las paredes medianeras”, explicaron desde el Colectivo Ecológico “Unidos Por Laguna de Rocha - ¡Reserva Natural YA!”, que llevaron la demanda a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).

Según explicó a LA TERCERA uno de los referentes del Colectivo, Martín Farina, el delito imputable es el “envenenamiento” del humedal, ya que la actividad rural no está prohibida en esa zona, que es parte de un predio privado incluido en un proyecto de creación de la reserva con media sanción en la Legislatura provincial. Allí también, el legislador del ARI, Walter Martello, presentó la semana última un pedido de informe al Ejecutivo local.

En principio, la objeción es por la contravención de la ordenanza 7590, en aplicación desde hace dos años, que reprime el uso de “agroquímicos para el control biológico de pastizales u otras especies vegetales en el territorio del partido de Esteban Echeverría”, en sintonía con la ley provincial 10.699, y dos casos que llegaron a un tribunal provincial, en Sante Fe y en Córdoba.

En ese mismo sentido, el Colectivo aspira a que la Ufima derive la investigación al juez de Quilmes, Luis Armella, para que lo incluya en el expediente de seguimiento del saneamiento de la Cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo, en la que se enmarca Rocha. De ser así, podría solicitarse una medida cautelas que frenaría la plantación.