Diputados nacionales presentaron el escrito en los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia es por un sobreprecio de 1.200 millones de pesos.
La presentación fue realizada por los diputados Juan Carlos Morán, Fernanda Reyes, Adrián Pérez y Walter Martello, en los tribunales de Comodoro Py.
En su escrito los legisladores aseguran que no se han respetado las normas ni los procedimientos que deben regir en todo proceso de selección para este tipo de obras, así como tampoco se tuvieron en cuenta los principios básicos de la contratación pública enmarcados en el decreto 1023/2001.
Conforme a los escritos presentados por las autoridades provinciales, la preadjudicación al consorcio liderado por EISA-CPC se determinó porque éste presentó el mayor porcentaje de financiamiento privado y una óptima tarifa de energía para el recupero de la inversión.
De este modo el consorcio del Grupo Roggio, que había presentado una oferta por 303 millones de dólares (1.200 millones de pesos menos), es decir una propuesta más económica que la de EISA-CPC, perdió porque el financiamiento total de la obra no llegaba al 30% con una tarifa más económica para el sistema.
¿Financiación privada?
El tándem EISA-CPC presentó, con su propuesta para la construcción de Chihuido I, una financiación del orden de los 1.181 millones de dólares para un costo total de la obra superior a los 1.560 millones de dólares.
Según las propuestas dadas a conocer públicamente, tres son las entidades financieras que participan del aporte de fondos: el Banco de Córdoba, con 302 millones de dólares; el Banco Macro acercaría otros 150 millones y Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) estaría en condiciones de transferir 729 millones de dólares más.
Pero, analizando la "letra chica" de la propuesta, surge que el financiamiento de la obra no es privado sino que llega de la mano de las entidades mencionadas con avales y garantía nacional y provincial, estas últimas a través de la cesión de recursos coparticipables. En definitiva, quien toma el crédito para la obra termina siendo el Estado nacional y los bancos mencionados, que son los que consiguen los fondos, actúan como meros intermediarios en la estructuración de la logística financiera para poner en marcha la obra.
Queda reflexionar, entonces:
• ¿Cuál es el riesgo empresarial cuando los fondos para la obra llegan de entidades bancarias con garantías del Estado?
• ¿No es un argumento, como mínimo, poco serio dar como ganadora de la compulsa esta propuesta de mayor financiamiento?
La denuncia de los legisladores va más a fondo. Consideran que existiría en esta licitación una maniobra en virtud de la cual se beneficia al consorcio preadjudicado mediante la ayuda del Estado nacional, que le permite conseguir un financiamiento sin el que le sería imposible acceder en condiciones de igualdad con los otros oferentes.
El recupero de la inversión
En este punto también existen muchas dudas. La denuncia elevada a Comodoro Py señala que el costo de la energía futura a cobrar por el consorcio preadjudicado es MW/mes 7,355 dólares superior al del segundo precalificado. Esta diferencia terminará, presumiblemente, siendo trasladada a la tarifa del consumidor final.
Los usuarios, con la preadjudicación del consorcio liderado por EISA-CPC, deberán pagar un sobreprecio equivalente a 1.100 millones de dólares para todo el plazo de concesión, lo que sería equivalente al costo de la inversión necesaria para ejecutar el proyecto Chihuido II.
Aportes de la Anses
La denuncia presentada en Comodoro Py señala que el argumento del gobierno neuquino del financiamiento privado que permitió adjudicar la obra a un mayor precio que las restantes ofertas es una falacia debido a que "los 1.180 millones de dólares de supuesto financiamiento privado de estos empresarios están directamente respaldados por fideicomisos, seguros, coparticipación federal y hasta posibles cargos energéticos a crearse por parte del Estado nacional".
En otra parte del escrito destacan que "los empresarios no ponen un peso, por lo que ellos no asumen riesgo de ningún tipo, sino que es asumido en su totalidad por el Estado nacional, por ende, quien responde en última instancia es siempre el pueblo argentino".
En otro de los párrafos de la denuncia se destaca que "de todo lo expuesto es importante remarcar que además del sobreprecio en favor de EISA-CPC y el riesgo exclusivo del Estado en los créditos otorgados, lo escandaloso es que indirectamente estarían financiando un presunto hecho de corrupción con dinero de los futuros jubilados".
Los diputados que impulsan la demanda dan cuenta de las actas de la Anses, en las que se observa que tanto el Banco Macro como el de Córdoba reciben permanentemente grandes depósitos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
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