Fue presentada una denuncia penal contra el gobernador Daniel Scioli y varios funcionarios del Estado bonaerense por presunto fraude al Estado, luego de que pagara 101 millones de pesos por la expropiación de una fábrica, cifra que constituye cuatro veces más de lo tasado por técnicos de la Fiscalía de Estado bonaerense.
La denuncia surge a raíz de la decisión del gobierno bonaerense, expresada en un decreto del propio Scioli, de pagar 101 millones de pesos en el marco del proceso de “expropiación inversa” iniciado por la empresa, pese a que una tasación de la Fiscalía de Estado bonaerense había indicado que correspondía que se pagasen 26 millones.
“El estado provincial desde la primera ley de expropiación, en agosto de 2000, no había pagado en ningún caso”, relató Caro, “tanto la fiscalía como el Estado provincial adujeron permanentemente falta de presupuesto, por lo cual abandonaban las leyes”, añadió, por lo cual, dijo, realizó la denuncia ante la UFIC 8.
Sin embargo, en esta oportunidad, recalcó Caro, “se tomaron todos los criterios de la empresa, con la particularidad que de esos 101 millones de pesos, 25 millones se repartieron para estudios jurídicos que tienen relación con ex funcionarios bonaerenses”, denunció.
Más allá de esa presunta irregularidad, Caro subrayó que ya fueron transferidos los 101 millones, a pesar de que el gobierno “no tiene a la fecha la transferencia de dominio” de la empresa. “Antes de pagar el total del bien hay que asegurarse que esté libre de inhibiciones. En este caso la empresa esta inhibida de poder transferir los bienes porque esta en concurso preventivo por cesación de pagos”, relató.
En cuanto a los fundamentos para realizar la maniobra de parte del Ejecutivo, Caro consideró que “no existen”, por lo cual, dijo, “denunciamos fraude contra el estado porque está el interés del erario publico en juego; también por violación de los deberes de funcionario publico, porque en vez de defender los intereses del Estado hicieron caso omiso, y en tercer lugar por asociación ilícita”, detalló Caro.
“Con el 50 por ciento de esos 101 millones se pagarían las expropiaciones de todas las fabricas recuperadas que nuclean a 8 mil trabajadores de la provincia”, se lamentó, por lo cual llamó al Gobernador a que “reflexione”. “Tiene la posibilidad de desistir de la acción. Qu ese devuelva el dinero habida cuenta del gran fraude que se está realizando”, se esperanzó.
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