El defensor del Pueblo de esta ciudad, Alberto Penayo, en compañía de la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, y vecinos del barrio San Jorge anunciaron este martes que en los próximos días el equipo técnico de la Defensoría iniciará un censo en ese sector de la ciudad vinculado exclusivamente al servicio de agua potable, debido a las numerosas intimaciones que recibieron de la empresa SAMSA por abultadas deudas en concepto de “radio servido”, es decir, para lugares por donde atraviesan las cañerías aunque los presuntos usuarios no estén conectados a ellas.

“El agua potable es un tema social muy fuerte, es un servicio esencial. SAMSA determina por contrato de concesión lo que se denomina ‘radio servido’, la circunferencia total de la zona que tiene un servicio de agua potable y por la que tienen que pagar las personas por algo que no es la conexión”, explicó Penayo.

Y agregó que con el censo “primero se determinará cuántos vecinos de San Jorge están conectados, cuántos no, por qué no se conectaron y todas las ejecuciones que estamos teniendo, que son numerosas, por pedido de SAMSA y con un honorario asignado, lo cual me parece bastante complejo, porque aparentemente las llevan adelante los mismos abogados de la empresa”.

El Defensor aseguró que “hay varias cuestiones que se van a abrir en debate y San Jorge será el caso testigo para Posadas: vamos a ir avanzando hacia otros barrios de la ciudad para determinar cuántos vecinos están conectados, porque quienes no lo están, están pagando igual y además siendo ejecutados por deudas imposibles de pagar”.

Penayo apuntó que “hoy el 95% de los posadeños deberían estar conectados a la red de agua potable, que no es lo mismo que exista un radio servido y que Samsa diga: yo le dí el agua y si ellos no se conectaron… San Jorge hoy está poblado y Posadas también, y nosotros debemos bregar por que de alguna u otra manera el servicio llegue en forma eficiente, aunque no sea ideal”.

A su turno, Juan Carlos Benítez, del barrio San Jorge, contó algunos casos ocurridos allí en los que recibieron intimaciones por 37 mil pesos de deuda, como una señora adulta mayor y discapacitada, que tiene un salario ínfimo y al mes entrante le acercaron una deuda que con los intereses llegaba a 180 mil pesos.

Otra vecina, Mirta Rotela, aseguró que “no es la primera vez que nos reclaman por un servicio que no tenemos. Hay que ir y firmar un acuerdo, aceptar la deuda, entregar 7.000 pesos y pagar cuotas de 2.000 pesos. Hay vecinos que tienen hasta 158 mil pesos de deuda y nosotros vivimos el día a día, no tenemos qué darle de comer a nuestros hijos”.

La ministra de Derechos Humanos dijo al respecto que “es importante enmarcar la situación: San Jorge es un barrio que tiene una construcción histórica de vulnerabilidad desde su origen y que a través de las políticas nacionales de estos últimos casi cuatro años está siendo golpeado por la dura realidad de la dolarización de las tarifas. Aquí no solamente estamos hablando del conflicto del agua potable, sino de no poder pagar la luz, la cuota de la vivienda… Entonces encontramos necesidades concretas: o comemos o pagamos. Nosotros en este censo vamos a tomar cada situación en su totalidad”.