Abogadas de Fiscalía de Estado presentaron ayer una denuncia penal ante el fiscal en feria, Roberto Mazzuco, por la que solicita que se investigue denuncias por irregularidades denunciadas por 57 beneficiarios de planes de Empleo provinciales que fueron otorgados por la gestión anterior. Varias de las presentaciones relatan que punteros políticos les solicitaban la entrega de diversas sumas de dinero porque eran los encargados de gestionar la aplicación y otorgamiento de los programas de Empleo y

Capacitación. Y el colmo de la situación es que afirmaron que algunos de ellos eran llevados para realizar tareas domésticas en el domicilio particular de los intermediarios.

La Fiscalía de Estado que está a cargo del abogado Marcos Denett tomó conocimiento de las denuncias formuladas. Las presentaciones fueron radicadas ante la Dirección de Trabajo y el Ministerio de Gobierno y Justicia las giró a Fiscalía de Estado.

Los denunciantes manifestaron que luego de la percepción del beneficio económico eran “visitados” por personas que- en su mayoría fueron individualizadas- y que bajo la amenaza de cortarles el beneficio otorgado les solicitaban la entrega de diversas sumas de dinero. Los beneficiarios, por la necesidad económica que tenían, le entregaban a los intermediarios político, quienes eran encargados de gestionar la aplicación y otorgamiento de los programas de empleo y capacitación.

Según la presentación realizada, se denunciaron maniobras diversas. Es así que los beneficiarios también eran utilizados para la realización de diversas actividades que se vinculaban “a la manipulación política”, señala la presentación y argumenta que eran llevados a cortes de rutas, reuniones y asambleas de reclamos, participación en actos partidarios y hasta fueron convocados para realizar tareas domésticas en domicilios particulares.

"Debe ponerse de resalto que las sumas exigidas por los victimarios, que en principio pueden resultar exiguas, al ser multiplicadas por la cantidad de planes existentes en la actualidad, pueden resultar de cuantía mensual insospechada", agrega.

Es por eso que se requiere la inmediata intervención de la unidad fiscal a los fines de impedir que se continúen cometiendo delitos. Como prueba, Fiscalía ofreció copia de los 14 expedientes administrativos que ya se habían iniciado en sede de la Dirección de Empleo y Capacitación que dependía del Ministerio de Gobierno en los años 2010 y 2011- en los que ya se advertía de maniobras irregulares. También se informa cuáles son los proyectos en los que se denunciaron irregularidades en la Dirección .

La presentación no revela la identidad de los punteros denunciados pero pide al fiscal que investigue las presentaciones de los denunciantes.

PRESENTACIÓN

 Fiscalía presentó 57 denuncias que se habían iniciado en organismos oficiales entre 2009 - 2011 por irregularidades en los planes sociales.

 Conforme al último relevamiento realizado por la Subsecretaría de Trabajo, en la Provincia había 13.844 beneficiarios de planes sociales de Empleo y Capacitación.

 Por mes, cobraban entre $ 150 y $ 180 . Parte del sueldo debía destinarse al puntero político. Se estima que pedían $ 50.