En la norma, se fijan gravámenes de hasta $ 2500 que deberán ser abonados al Municipio para poder realizar actos religiosos, políticos, festivos y culturales en espacios públicos, estadios y clubes. Duros cuestionamientos del concejal Arroyo. En declaraciones a 0223.com.ar, el edil indicó que la controvertida iniciativa impulsada por el intendente Pulti “es inconstitucional y sumamente peligroso para la libertad de expresión de la gente porque supone que se va a poder condicionar cualquier reclamo”. “Abarca también los actos políticos, es francamente una locura. Es imposible tratar de cobrarle una suma a por ejemplo una agrupación que quiera hacer una manifestación pública”, dijo. Además, sostuvo que la “inconstitucionalidad” también se da “porque viola la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece un procedimiento que no ha sido acatado, el cual determina que ese derecho debe estar incluido primero en las ordenanzas Fiscal e Impositiva y después dictar una ordenanza así”. “Es una monstruosidad jurídica. Además se torna incobrable. Cualquier particular al que se le pretenda cobrar si va a la Justicia va a lograr que se le declare la inconstitucionalidad de la norma y van a condenar a la municipalidad o a quien pretenda exigir el cumplimento de la norma “, agregó Arroyo. “Hay que ver si no la veta el Intendente. El derecho de peticionar ante las autoridades no puede ser limitado a cobrar un derecho fiscal, es una barbaridad absoluta”, finalizó.