La Provincia debería a los municipios alrededor de 26 millones de pesos, correspondientes a los aportes provenientes del Fondo Federal Solidario, que se conforma con las retenciones a la exportación de soja. De acuerdo a la ley 8.028, el Gobierno debe destinar al menos el 30% de los fondos llegados a la cuentas provinciales a los municipios para financiar obra pública. Pero desde hace dos meses que no se hacen esas transferencias.

Al menos es lo que dice el senador Armando Camerucci (UCR). Desde el Gobierno provincial nadie salió a responder, a pesar de los insistentes llamados y mensajes de texto remitidos por Los Andes a los voceros del Ministerio de Hacienda. Silencio fue la respuesta a una consulta y ese silencio casi es una confirmación, porque al menos podrían haber negado la versión o presentado planillas de transferencias. Pero el silencio pudo más.

En marzo de 2009, el Gobierno nacional creó el Fondo Federal Solidario, a través del decreto 206. Por esa norma, el 30% de lo que obtiene la Nación en concepto de retenciones por las exportaciones de soja va destinado a este fondo, que se distribuye a las provincias. De acuerdo la letra del decreto las transferencias por este concepto son diarias.

Pero las provincias beneficiarias también deben hacer la transferencia automática a los municipios de, al menos, el 30% del total de lo recibido por este concepto. Es en este punto por el que el Gobierno provincial estaría en falta.

De hecho, la provincia adhirió al régimen previsto en el decreto 206 a través de la ley 8.028, sancionada unos días después de conocida la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández. Tanto el decreto nacional 206/09 como la ley provincial 8.028, prohíben que los recursos del Fondo Federal Solidario sean usados para financiar gastos corrientes de las comunas y de los gobiernos provinciales.

Desde hace dos meses la provincia no gira este 30% de lo que percibe de la Nación en este concepto. Según Camerucci, el Gobierno habría bloqueado la transferencia, adeudando a los municipios unos 26 millones en total. Es decir que estaría incumpliendo con las dos normas.

Pero, además, el senador radical entiende que ese bloqueo de las transferencias responde a la necesidad de no sobregirar las cuentas bancarias de la Provincia, puesto que esos fondos están siendo usados en gastos corrientes y no en bienes de capital. Esto constituiría otra violación a las normas que regulan el funcionamiento del Fondo Federal Solidario.

Camerucci dice que la Provincia ha gastado esos recursos en pagar el aguinaldo de los trabajadores.

El 10 de junio pasado, Los Andes informaba que el Ministerio de Infraestructura mendocino tenía previsto terminar con las obras que habían arrancado durante la gestión anterior, pero que las nuevas obras no tenían financiamiento por lo que, hasta que no se obtuvieran los préstamos aprobados en el presupuesto, no arrancaría el plan de obras de esta gestión.

Ese financiamiento aún no llega y, más aún, el 30 de abril este diario informó acerca del decreto 422 firmado por el gobernador Francisco Pérez unos días antes. En ese decreto se recortaban 380 millones de pesos que estaban destinados a obras. En aquel momento, el Ministerio de Hacienda tampoco respondió el por qué de ese recorte.