Marcelo Ferrante padeció un accidente laboral mientras cumplía tareas dentro del programa impulsado por el Ministerio de Acción Social, bajo las órdenes del municipio. A partir de ese hecho, comprobó que carecía de seguro. Por eso intimó al gobierno local.
La semana pasada, Marcelo Ferrante comprobó en carne propia otra situación irregular que caracteriza a esas cooperativas de trabajo, largamente publicitadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
De acuerdo a su relato, el vecino ingresó al circuito “cooperativista” hace un año, dentro del primer llamado de inscripción. Sin embargo, recién en noviembre quedó habilitado para realizar el curso de capacitación correspondiente, tramo que hace principal hincapié en aspectos relacionados a la precaución laboral.
El cronograma, que ya sufría un atraso de varios meses, establecía el inicio de su actividad como trabajador para fines del año pasado. Sin embargo, recién en abril Ferrante y otros inscriptos comenzaron a efectuar las primeras tareas: “De diciembre a abril no me pagaron nada, hace dos días recién me pagaron un depósito de un mes de los que tengo atrasados”.
Los primeros trabajos los desempeñó en el barrio Juan XXIII, aunque en esos casos no se trató de labores de construcción y mantenimiento de rampas para discapacitados, tal la especificidad de la cooperativa a la que había sido designado.
Cuando finalmente comenzaron las tareas específicas, Ferrante sufrió un serio accidente mientras transportaba arena a un camión municipal: “Me trasladaron al Hospital, y estuve de las 9 de la mañana hasta las 17 en una camilla. Nadie se hizo cargo de eso. Nos habían dicho que teníamos un seguro que nos cubría. Y a la espera de eso, los médicos no me querían atender. Finalmente se dieron cuenta de que no existía ningún tipo de seguro, como tampoco una cobertura de obra social”.
Después de varios días de espera, logró que le realizaran una primera tomografía, cuyos resultados detectaron la formación de dos hematomas internos en la zona craneal. Ante eso, la doctora que lo atendió le comunicó la necesidad de recurrir a una licencia.
Ferrante marcó que del sueldo bruto comprometido a los trabajadores de las cooperativas se realiza un descuento cercano a los 180 pesos en concepto de cargas sociales y seguro.
El abogado del trabajador damnificado informó a EL CIVISMO que se intimó al municipio para que brinde una solución urgente: “Trabajan bajo las órdenes del municipio, y la facturación tendría que repartirse en partes iguales de acuerdo a una concepción cooperativista. Pero acá lo que se paga es un sueldo fijo. Por lo tanto, lo que hicimos es intimar al municipio como responsable. En principio vamos a considerar que el empleador es el municipio”.
El letrado también marcó la ausencia de un estatuto cooperativista y de asambleas periódicas, cuestiones esenciales de un régimen cooperativista. “Estas irregularidades son habituales, pero nadie lo denuncia por miedo. Los trabajadores se encuentran desprotegidos jurídicamente. Estos trabajadores están en un estado de total desprotección. No podés tener esta gente trabajando en negro, no tienen ninguna protección. Si les están descontando para una obra social, por lo menos deberían pagarla, para que tengan una cobertura médica”, agregó el abogado.
Comentá la nota