Días pasados, Susana Beatriz Ramos se acercó a este diario para plantear su preocupación por las irregularidades descubiertas en el proceso de venta de las tierras y para solicitar la asistencia del Gobierno. Ayer, su hermano Luis Ramos realizó una presentación formal en Fiscalía de Estado para solicitar que se investigue la situación.

Según relató la familia, una persona que identificaron como Marcelo Layus -quien tendría antecedentes familiares en la zona- puso las tierras en venta a través de la inmobiliaria cordobesa. Sin embargo, los Ramos argumentan que los títulos que tiene esa familia no cuentan con todos los requisitos de legalidad.

Susana Ramos de Maza relató que a comienzos del siglo XX se vendían bosques para extraer la leña y trabajar en esa propiedad, pero no implicaba la venta de la tierra. Según verificaron en Catastro, con ese papel de venta de bosques se anuló el padrón que correspondía a Josefa Godoy y Agustín Ramírez. “Nosotros sabemos que en nuestra familia no se vendieron tierras y hoy se ve comprometido todo un pueblo que está a la venta”.

Según expresaron, la situación excede a la familia porque la zona comprometida pone en riesgo a los vecinos originarios del lugar que durante años vivieron y trabajaron en la zona. La denuncia vuelve a poner en el tapete los problemas que existen en la provincia por la informalidad en la inscripción de las propiedades.

"Es necesario que se aclare cómo fue la compra y por qué Catastro sacó algunas hijuelas de las personas que eran originarias de esos pueblos", agregó Ramos al comentar que en el organismo oficial se perdió documentación y se avaló la propiedad de Layus con la participación de falsos testigos.

En este contexto, pidieron la asistencia del Gobierno y de Fiscalía de Estado para las familias de la zona que se encuentran indefensas ante el "avasallamiento a sus tierras".

Como ocurre en el interior, se trata de humildes familias que durante años trabajaron y vivieron en la zona, pero que no cuentan con la documentación legal que acredita la propiedad de las tierras.

Defensa de la soberanía territorial

Días pasados, tuvo lugar en ámbitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la primera reunión del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidida por el titular de la cartera a nivel nacional, Julio Alak.

Participaron del encuentro representantes de 23 provincias. Por Catamarca estuvo presente María Fernanda Rosales Andreotti, directora del Registro de la Propiedad de Inmobiliaria y de Mandatos.

La funcionaria catamarqueña destacó la importancia del encuentro y puso énfasis en resaltar el relevante valor estratégico de la ley 26.737 de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales", en circunstancias en que la Argentina enfrenta un contexto internacional de crecimiento demográfico y por ende mayor demanda energética, para lo cual los recursos naturales sirven de fuente elemental.

Finalmente, se mostró a favor de profundizar el debate sobre la defensa del patrimonio argentino.