El denunciante, que pidió mantener su nombre en reserva, indicó que "resultaría imposible" que los ex policías contratados por el Estado provincial como monotributistas, para que se desempeñen como operadores socializadores en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes, hayan cumplido con ese test porque "la única persona que los entrevistó fue García, y sólo les pidió que no les pegaran a los menores". Incluso, para reafirmar sus palabras, pidió por escrito a un diputado provincial que solicitara al Ministerio de Bienestar Social las conclusiones de esos estudios.

Por ley, las misiones y funciones de los operadores son "desarrollar tareas de control, acompañamiento y vigilancia destinada a velar por la integridad, bienestar y seguridad de los residentes".

Días atrás, cuando a través de otra denuncia se aseguró que nueve ex policías habían entrado al instituto como operadores -a cambio de 3.800 pesos mensuales, bajo el régimen de monotributistas-, García admitió que lo habían hecho sin realizar ningún curso previo a pesar de que el objetivo final de la entidad es resocializar a menores que están en conflicto con la ley y que fueron institucionalizados por una orden judicial. Lo único que negó fue la cifra, habló de cuatro.

"Resultaría imposible que pasaran el psicodiagnóstico porque ese estudio lo realiza un equipo de profesionales externos a la institución -se explicó en la denuncia-. A través de un test de inteligencia, personalidad y conductas se evalúa a cada persona y se emite una devolución especificando si están o no calificadas. Además se deja constancia si pueden trabajar en los tratamientos terapéuticos de menores con graves problemas de conducta. Y, en este caso, la única persona que entrevistó a los ex policías fue Rubén García, pidiéndole que no les pegaran a los adolescentes".

En el texto se dijo que son diez los ex policías ingresados y pueden leerse los nombres y apellidos de cinco y se le requirió al legislador que preguntara en la Fiscalía Federal si alguno de ellos trabajó en la Seccional Primera durante la dictadura (NdeR: allí funcionó un centro de torturas) y si figura en el listado de imputados o testigos del futuro juicio de la Subzona 14 II.

En otros párrafos se cuestionó la contradicción de García de aseverar que los ex policías fueron contratados por enero y febrero, y también que en abril participarán del curso de operadores socializadores. "Los menores institucionalizados no pueden ni podrán jamás convivir con personal policial porque se conocen -agrega la misiva-. Por más que profesionalmente pongan todos los esfuerzos, no puede trabajarse en el tratamiento terapéutico ya que el conflicto estará siempre latente, al límite y con broncas de ambos lados ya que se conocen. Unos por delinquir y otros por ser los que los detienen y los ponen presos".

"García no puede lavarse y decir que él no contrata ni echa gente; ni tampoco trae ni saca chicos -concluye la denuncia-. ¿Entonces para qué está en la institución? Porque él, al entrevistar a los ex policías, violó la ley 2116" (de creación del Ipesa). El subdirector había expresado "lo ideal sería tener 32 empleados", pero que como en vacaciones habían quedado apenas 13 se terminó llamando a los ex policías porque "en el registro de aspirantes no había inscriptos" y porque "hoy por hoy no puede entrar nadie al Estado".